El arresto de la influencer trans brasileña Malévola Alves, el pasado martes 20 de octubre en Alejandría, Egipto, puso de relieve las severas restricciones a las que se enfrenta la comunidad LGBTQIA+ en ese país. Detenida junto a una amiga tras la difusión de vídeos grabados en espacios públicos de la ciudad, Alves fue acusada por las autoridades locales de realizar actos “contrarios a la moralidad pública”. Según informó el Ministerio del Interior egipcio, los materiales que circularon en redes sociales mostraban gestos e insinuaciones que, en opinión de los oficiales, podrían equipararse a un supuesto acoso a peatones, lo que motivó la intervención policial y su traslado a una comisaría.
La versión oficial ha sido rechazada por la propia implicada y por quienes la acompañaban. Bruna Tivo, amiga de Malévola, regresó a París (Francia) antes de la detención y relató a través de sus perfiles en redes sociales que ambas estaban siendo grabadas de manera constante por personas desconocidas a lo largo de su viaje por Egipto. “Nos filmaban en todos los lugares a los que íbamos; crearon un grupo en Facebook para compartir esos vídeos”, explicó Tivo. Además, criticó la cobertura de la prensa local, que presenta a las brasileñas como presuntas agresoras, cuando, según ella, fueron ellas las que sufrieron comportamiento hostil y discriminatorio.
De acuerdo con informes del portal Metrópoles, en Egipto no existe un procedimiento claro y accesible para que las personas trans modifiquen legalmente el género en sus documentos de identidad. Hasta 2024, era posible cursar un reconocimiento oficial tras someterse a cirugía de reasignación de sexo, aunque el proceso resultaba largo y oneroso. Posteriormente, una directriz gubernamental restringió la alteración registral únicamente a individuos intersexo, descartando a quienes no cumplen dicha condición. En la legislación egipcia, la intersexualidad se considera una cuestión médica, lo que obliga a quienes solicitan el cambio de género a presentar informes clínicos y, en muchos casos, a costosos exámenes.
Las dificultades para la comunidad trans en Egipto se agravan por la aplicación de leyes sobre moralidad pública y “devassidão” (exhibicionismo ofensivo), conceptos amplios que las autoridades interpretan de manera discrecional. Aunque la homosexualidad no está tipificada explícitamente como delito, estos preceptos se usan con frecuencia para procesar y condenar a personas LGBTQIA+. El diario The New York Times documentó en 2016 que, durante los tres primeros años del régimen encabezado por Abdel Fattah el-Sisi (quien llegó al poder tras la intervención militar de 2013), al menos 250 personas de la comunidad habían sido arrestadas bajo cargos relacionados con la “devassidão habitual”. Las penas en estos casos oscilan entre dos y doce años de prisión.
El caso de Malévola no es el primero en el que se ve implicada una ciudadana brasileña en Egipto. En 2014, la modelo Jhenifer Dalbosco fue arrestada bajo la sospecha de prostitución, una práctica prohibida en el país. Permaneció detenida durante casi dos semanas y tuvo que pagar una fianza para recuperar la libertad. Aquel episodio también generó repercusión diplomática y puso de manifiesto las diferencias culturales y legales entre Brasil y Egipto.
Hasta el momento, la consistencia de las acusaciones contra Malévola Alves y su acompañante sigue siendo motivo de debate. Mientras el Ministerio del Interior egipcio sostiene que los vídeos demuestran comportamientos que vulneran la moral pública, Bruna Tivo y otros testigos denuncian que la verdadera motivación fue la transfobia y el acoso sistemático. Ambas posiciones han generado un intenso intercambio de declaraciones en redes sociales, pero las autoridades de Alejandría aún no han ofrecido detalles sobre la duración ni las condiciones del proceso judicial abierto contra las dos mujeres.
La detención de Malévola pone de nuevo en primer plano la situación de las personas trans en Egipto, donde el reconocimiento de la identidad de género y el respeto a la diversidad continúan siendo desafíos diarios. A la espera de que se esclarezcan los cargos y de que se definan con mayor precisión los derechos de la comunidad LGBTQIA+ en el país, el caso sigue atrayendo la atención internacional tanto por su carácter simbólico como por sus implicaciones legales y sociales.
