Bandera de Bolivia ondeando en un mástil, en el contexto de las recientes restricciones de visados impuestas por EE. UU. (Foto: Instagram)
El Departamento de Estado de EE. UU. anunció la restricción de visados para más de 40 ciudadanos bolivianos, entre ellos 14 autoridades públicas, por presuntos vínculos con actos de corrupción y el narcotráfico.
Según el propio Departamento de Estado, “esta medida se dirige a extranjeros que, mediante corrupción o actividades de narcotráfico, socavan a gobiernos democráticamente electos en nuestro hemisferio, sin distinción de filiación política”.
Entre los sancionados figuran Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, ambos diputados nacionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional; Juan Lanchipa Ponce, ex procurador general; Félix Gerardo Balderas Arteaga, ex procurador departamental de Beni; Julio César Porras Velarde, promotor coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz; y Diego Alejandro Barboza Zebellos, ex director de la Unidad de Investigaciones Financieras.
También se incluyen Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Fernando Ronald Velasco Soliz, ex jefe de seguridad aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) en Viru Viru; Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante de la Policía de Tarija y ex director general de la FELCN; y Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental de Santa Cruz del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
La lista prosigue con Katherine Calderón Valle, ex directora general de Migración; José Ayaviri Siles, ex juez penal; Armando Rojas Toledo, ex procurador coordinador de La Paz; y Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El Departamento de Estado ha aplicado idénticas restricciones a Rony Suárez Milliet, descrito como “civil común” y vinculado a las investigaciones contra Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo con lazos con el Primer Comando de la Capital (PCC).
Estas sanciones, que implican la denegación y suspensión de visas, se extienden a los familiares de los afectados. “El Gobierno de EE. UU. respalda al Ejecutivo boliviano en sus esfuerzos para erradicar la influencia criminal en sus instituciones”, añade la nota oficial.
La nueva medida se suma a las sanciones impuestas hace un mes por Washington contra otros 13 bolivianos, incluido el entonces procurador general Roger Mariaca, detenido por presunta cooperación con redes de narcotráfico.
