Douglas Silva de Oliveira, de 26 años, investigado en el caso de la fintech Naskar Gestión de Activos, abandonó Brasil y se encuentra actualmente en Dubái, según reveló la columna de Mirelle Pinheiro. La empresa está bajo la lupa de las autoridades por un presunto esquema que habría provocado pérdidas por valor de aproximadamente 900 millones de reales para sus inversores (unos 162 millones de euros al cambio actual).
El expediente judicial detalla que el perjuicio afecta a alrededor de 3.000 clientes, muchos de ellos pequeños ahorradores que confiaron sus recursos en la promesa de un rendimiento fijo y elevado. Según la investigación previa del medio Metrópoles, los tres socios fundadores de la fintech —Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira y José Maurício Volpato (conocido como Maurício Jahu, exjugador de voleibol y presentador de televisión)— renunciaron a sus cargos a mediados de mayo y traspasaron la titularidad de la sociedad a Douglas Silva de Oliveira.
Poco tiempo después, el propio Douglas también se desvinculó formalmente de la sociedad y cedió su participación a Célia de Fátima Ferreira, de 77 años y residente en Uberlândia (estado de Minas Gerais). En aquel momento, el joven aseguró que la anciana había sido su socia durante varios años y afirmó que, pese al cambio de nombre en los papeles, seguía siendo el responsable último de la operativa de la compañía.
Con trece años de trayectoria, Naskar Gestión de Activos captaba fondos de inversores bajo la promesa de devolver un 2 % de rentabilidad mensual, un nivel muy superior a la media del mercado brasileño y, de hecho, fuera del rango habitual de entidades reguladas por el Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) en Brasil.
Las primeras señales de alarma surgieron el 4 de mayo, cuando los rendimientos programados para esa fecha no fueron abonados. Tras la interrupción de pagos, numerosos clientes intentaron comunicarse con los entonces administradores Marcelo, Rogério y José Maurício, pero no obtuvieron respuesta. Dos días más tarde, el 6 de mayo, la aplicación móvil de la fintech dejó de estar disponible y continúa inaccesible hasta la fecha. Los inversores afectados no han recibido información oficial ni vías claras para recuperar los montos invertidos.
Para contextualizar, una fintech —acrónimo de «financial technology»— es una empresa que ofrece servicios financieros a través de tecnologías digitales, a menudo con procesos ágiles y menores costes de intermediación. En Brasil, estas plataformas deben someterse a la supervisión del Banco Central y la CVM cuando realizan captación de recursos externos o gestión colectiva de inversiones. El ofrecimiento de rentabilidades muy altas y la falta de transparencia suelen ser indicadores de alerta temprana de posible fraude o esquema Ponzi.
Dubái, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en un destino recurrente para individuos perseguidos por delitos financieros en sus países de origen. Aunque Brasil y la nación emiratí mantienen relaciones diplomáticas estables, no existe actualmente un tratado de extradición bilateral plenamente operativo. Esto dificulta el retorno forzoso de sospechosos de crímenes económicos sin procesos judiciales complejos.
En casos anteriores, la Justicia brasileña ha apelado a convenciones multilaterales y a la colaboración de agencias internacionales para tratar de repatriar a acusados que se refugian en territorios sin pactos de extradición. No obstante, estos procedimientos suelen prolongarse durante años y requieren la acumulación de pruebas robustas antes de que las autoridades locales accedan a entregar al individuo reclamado.
El escándalo de Naskar Gestión de Activos se inscribe en una serie de investigaciones abiertas en Brasil contra supuestas estafas financieras que explotaron la confianza de inversores minoristas. La falta de regulación directa sobre ciertos esquemas de inversión digital y los avances tecnológicos han generado grietas en el sistema de vigilancia, permitiendo a veces la huida de responsables sin dejar pistas claras sobre el destino final de los fondos defraudados.
Por ahora, los afectados continúan a la espera de novedades legales y de cualquier resolución que les permita recuperar, al menos en parte, los montos invertidos. Mientras tanto, el caso de Douglas Silva de Oliveira ilustra los retos que plantea la globalización de los servicios financieros y la migración de capitales entre jurisdicciones con distinta fortaleza regulatoria.
