El estadounidense Robert DuBoise pasó 37 años detenido por un delito que no cometió y fue liberado en agosto de 2020, después de que pruebas de ADN confirmaran su inocencia en la ciudad de Tampa, Florida. Había sido condenado por la agresión sexual y asesinato de Barbara Grams, ocurrido en 1983, cuando él apenas tenía 18 años.
En 1985, DuBoise fue sentenciado por asesinato en primer grado y tentativa de abuso tras un juicio que duró una semana. La fiscalía basó su acusación en el testimonio de un informante de la prisión y en el análisis de una marca de mordida que supuestamente coincidía con sus dientes. Inicialmente condenado a pena de muerte, la sentencia se redujo a cadena perpetua tres años después, cuando la Corte Suprema de Florida anuló la pena capital.
Décadas más tarde, el avance de la tecnología forense permitió reexaminar las muestras conservadas en la escena del crimen. En 2019, nuevos análisis de ADN demostraron que DuBoise no tenía relación alguna con el delito y apuntaron a la posible participación de al menos dos hombres diferentes. Con estos hallazgos, un juez ordenó su liberación inmediata, poniendo fin a casi cuatro décadas de encarcelamiento injusto.
El caso de DuBoise se inscribe en la larga lista de exoneraciones en Estados Unidos impulsadas por el uso de pruebas genéticas. Organizaciones como el Innocence Project han documentado cientos de casos en los que análisis de ADN desmontaron peritajes iniciales erróneos, en particular los basados en marcas de mordida o en huellas dactilares mal interpretadas. Estos métodos, hoy en día cuestionados por su baja fiabilidad, eran habituales en las décadas de los ochenta y noventa.
En 2021, DuBoise presentó una demanda contra la ciudad de Tampa, varios agentes de policía y el odontólogo forense que testificó en su juicio original. La demanda alega fabricación de pruebas y empleo de técnicas inadecuadas para sostener la acusación. Richard Souviron, el experto odontológico, negó rotundamente las acusaciones, y las autoridades municipales defendieron que en su actuación no hubo mala fe por parte de los funcionarios.
El Ayuntamiento de Tampa aprobó en 2022 un acuerdo de indemnización valorado en unos 12,6 millones de euros, que se abonará en tres plazos anuales a lo largo de tres años. Al conocer el fallo, DuBoise declaró: “Estoy solamente agradecido”. En su declaración pública, añadió que espera “que mi caso sirva de ejemplo para quienes sufren detenciones injustas y puedan revertir su situación sin pasar el resto de sus vidas luchando contra un sistema que ya les ha dañado”.
Las indemnizaciones por detenciones injustas varían según el estado y la legislación federal. En Florida, existe desde hace décadas un marco legal que permite a las personas exoneradas reclamar compensaciones económicas tras acreditar su inocencia definitiva. Sin embargo, muchas veces estos procesos se prolongan y requieren años de complejos litigios.
El episodio de Robert DuBoise subraya la trascendencia de mantener y revisar adecuadamente las pruebas forenses, así como de garantizar un acceso rápido a nuevas técnicas científicas para evitar injusticias. Su historia aporta lecciones sobre la fragilidad de los procedimientos penales basados en peritajes controvertidos y resalta la importancia de los controles judiciales y de la transparencia en los procesos de condena.
