El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del expresidente Santiago Peña, acusado de estar implicado en el escándalo del Ueno Bank. La orden se ejecutó este viernes, 6 de noviembre, después de que la Policía Nacional detuviera al político, de 47 años, en Asunción, la capital del país.
La decisión de la Fiscalía también incluye al expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo Spalding. Según la información divulgada, las autoridades judiciales identificaron indicios de abuso de confianza y de otros posibles delitos que Peña habría cometido en relación con el caso bancario, que ha provocado una crisis política y financiera en Paraguay esta semana.
La investigación contra Peña comenzó después de una denuncia presentada por parlamentarios de la oposición. Estos lo acusaron de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, corrupción y fraude administrativo. Se trata de acusaciones que forman parte de la investigación: su existencia no equivale por sí sola a una declaración judicial de culpabilidad. La orden de detención comunicada por el Ministerio Público se refiere a los indicios identificados por las autoridades dentro de ese procedimiento.
Peña fue elegido presidente en 2023 y mantuvo acciones en una empresa vinculada al Ueno Bank hasta marzo de 2025. Después de que asumiera el Gobierno paraguayo, la entidad financiera recibió depósitos de organismos públicos por un valor total de 850 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 735 millones de euros. La información publicada también cifra esa cantidad en unos 4.500 millones de reales, alrededor de 690 millones de euros. Las conversiones son aproximadas y pueden variar según el tipo de cambio utilizado.
El Banco Central de Paraguay disolvió el banco el martes 3 de noviembre, después de considerarlo insolvente. En términos financieros, la insolvencia describe una situación en la que una entidad no dispone de fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. La disolución supone el cierre de la institución como banco, aunque las actuaciones relacionadas con sus operaciones y con las responsabilidades que se investigan pueden continuar por las vías correspondientes.
La crisis también tuvo consecuencias políticas para Peña. En medio de la situación, presentó ante el Congreso una solicitud de renuncia, pero esta no fue aceptada. Más temprano, el Senado paraguayo había aprobado por unanimidad su destitución mediante un juicio político. Tras el impeachment, Peña fue apartado del cargo y perdió la inmunidad política, de acuerdo con la información divulgada. La pérdida de esa inmunidad permite que las actuaciones judiciales sigan adelante sin la protección asociada al cargo, aunque no determina por sí misma el resultado de la investigación penal.
La secuencia comunicada sitúa, por tanto, el caso en dos ámbitos relacionados, pero distintos: por un lado, el proceso político que terminó con la destitución de Peña y, por otro, la investigación judicial sobre el escándalo bancario. La orden de detención afecta también a Carvallo Spalding y se apoya en indicios que, según las autoridades, apuntan a posibles delitos. El procedimiento deberá establecer los hechos y las responsabilidades individuales que correspondan.
