El Senado de Paraguay rechazó ampliar el plazo para que Santiago Peña presentara su defensa en el juicio político abierto contra él. (Foto: Instagram)
El Senado de Paraguay rechazó la petición del presidente Santiago Peña para ampliar en 72 horas el plazo de presentación de su defensa en el proceso de juicio político abierto contra él. La crisis está vinculada al colapso del Banco Ueno, que dejó a parte de la población sin acceso a su dinero.
Según el presidente del Congreso, Basílio Nuñez, Peña o un representante deberá comparecer en persona ante la Cámara para el juicio dentro de 30 minutos. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la apertura del proceso, con 78 votos, incluso después de que Peña renunciara al cargo.
La oposición sostiene que la renuncia fue una maniobra para conservar el fuero privilegiado mediante un escaño de senador vitalicio, condición que corresponde a los expresidentes en Paraguay. La dimisión no había sido examinada por el Congreso por falta de quórum. El Senado debe decidir ahora si destituye a Peña; para ello necesita el respaldo de dos tercios de sus miembros.
La petición de juicio político fue presentada por 35 diputados por la relación del presidente con el Banco Ueno. Peña fue accionista del grupo que controlaba la entidad hasta 2025. Los parlamentarios alegan que impulsó cambios en la ley de conflictos de intereses y permitió que el Instituto de Previsión Social (IPS) concentrara miles de millones de guaraníes en garantías en el banco, una cantidad que, según ellos, habría superado los límites legales.
Los diputados también le reprochan que nombrara al frente del Banco Central de Paraguay a Carlos Cavallo, quien presidía la financiera Ueno. A su juicio, Peña no actuó en favor del interés público con esa designación. Cavallo dimitió como presidente del Banco Central tras la crisis del banco y las protestas registradas en el país.
El Ministerio Público paraguayo ha abierto una investigación formal sobre la relación de Peña con Ueno. Indaga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, corrupción, fraude administrativo y tráfico de influencias; se trata de acusaciones bajo investigación, no de hechos probados.
