Un militar de la Marina de Brasil fue detenido en flagrante delito por tenencia irregular de un arma de fuego este miércoles, 4 de noviembre, durante la segunda fase de la Operación Polaridad, puesta en marcha por la Policía Federal (PF). La investigación examina un presunto esquema de corrupción destinado a facilitar de forma irregular los trámites de compra de armas de fuego y munición para Coleccionistas, Tiradores Deportivos y Cazadores (CAC).
Además del militar, la operación tuvo como objetivo a dos policías militares en activo, sospechosos de formar parte del esquema investigado. La Policía Federal realizó diez registros y un arresto temporal en las localidades de Río das Ostras, Macaé, São Pedro da Aldeia, Araruama y Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro. La intervención contó con el apoyo de la Corregedoria de la Policía Militar de Río de Janeiro (PMERJ).
La detención en flagrante del militar se produjo por la presunta posesión irregular de un arma de fuego. El material facilitado no precisa si este arresto corresponde a la persona a la que se refiere la orden de prisión temporal ejecutada durante la operación. La información disponible distingue ambos datos: por un lado, comunica la detención en flagrante y, por otro, señala que se cumplió una orden de prisión temporal, sin detallar la identidad de la persona afectada por esta última.
Durante los registros, los agentes incautaron siete fusiles, una pistola, un revólver y una escopeta. También recogieron dispositivos electrónicos, documentos y otros objetos. Según la Policía Federal, estos materiales serán sometidos a análisis pericial. La revisión de los documentos y equipos forma parte de las diligencias destinadas a examinar los elementos relacionados con los trámites investigados y a reunir información sobre el presunto funcionamiento del esquema.
Según la corporación, las pesquisas apuntan a que personas interesadas en conseguir autorización para comprar armas y munición efectuaban pagos indebidos directamente a un empleado subcontratado. El objetivo habría sido lograr que los procedimientos administrativos se aprobasen irregularmente a través del sistema Sinarm-CAC, en contra de la legislación. El sistema aparece en la investigación en relación con la tramitación de las solicitudes de compra destinadas a los coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores.
La investigación se centra, por tanto, tanto en los presuntos pagos como en la posible alteración o aprobación irregular de procedimientos administrativos. La información difundida no identifica a los solicitantes ni especifica cuántos trámites podrían estar afectados. Tampoco detalla el contenido concreto de los documentos y dispositivos incautados, cuyo examen deberá aportar elementos a las pesquisas.
Las personas investigadas podrían responder por corrupción activa y pasiva, introducción de datos falsos en un sistema de información, asociación delictiva, falsedad ideológica y comercio ilegal de armas de fuego. Se trata de los delitos que, según la Policía Federal, podrían aplicarse a los hechos investigados; la información disponible no indica que exista una condena ni ofrece detalles sobre la situación procesal individual de cada sospechoso.
