El gobierno de los Estados Unidos criticó la posición de Brasil sobre la posibilidad de que el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) fueran clasificados como organizaciones terroristas. En un comunicado divulgado este martes 7 de julio, el Departamento de Estado norteamericano puso en duda las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, y calificó sus afirmaciones de “un disparate”, subrayando que dichos planteamientos podrían servir de pretexto para favorecer a las facciones criminales.
La manifestación del Departamento de Estado respondió a unas declaraciones realizadas por Mauro Vieira en un documento enviado por el Itamaraty a la Cámara de Diputados brasileña el 1 de julio. En ese texto, el jefe de la diplomacia brasileña sostenía que la posible designación de estas facciones como terroristas “podría invocarse como justificación para acciones extraterritoriales contra instituciones brasileñas” y advertía del “riesgo de uso de la fuerza militar de EE.UU. en territorio nacional”.
En respuesta, un portavoz del Departamento de Estado declaró: “Estas facciones brasileñas ahora operan en Estados Unidos y defenderemos a nuestra población de ellas. Alegaciones vagas de intervención suelen servir de pretexto para ayudar y favorecer a algunos de los grupos más violentos del mundo”.
El posicionamiento del Itamaraty sostiene que la clasificación de estas organizaciones criminales como terroristas puede tener impactos económicos adversos y representar peligros para la soberanía nacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil también argumenta que la medida no reforzaría la cooperación entre Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, dado que la legislación estadounidense ya contempla herramientas como el intercambio de información, la incautación de activos y el combate al blanqueo de capitales.
Según el gobierno brasileño, el análisis para emitir el pronunciamiento contó con la participación de agencias de seguridad pública, inteligencia y de la Justicia. La conclusión de ese trabajo es que encuadrar al PCC y al CV como organizaciones terroristas resulta jurídicamente inapropiado y no aporta beneficios concretos a la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado.
En la misiva enviada al Congreso, el Itamaraty enfatiza que adoptar esa clasificación implicaría “riesgos reales para la soberanía nacional”. Asimismo, advierte del posible uso de herramientas extraterritoriales por parte de EE.UU., como sanciones económicas adicionales o la aplicación de normativas de seguridad que podrían afectar a entidades financieras y a ciudadanos bajo jurisdicción brasileña.
Contexto histórico de las organizaciones criminales
El Primer Comando da Capital (PCC) se formó en la década de 1990 en el estado de São Paulo y se consolidó como una de las principales redes criminales de Brasil, con actuación en diversas regiones del país. Sus actividades abarcan desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, pasando por enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad. Por su parte, el Comando Vermelho (CV) es originario de Río de Janeiro y surgió en los años 70 dentro de los presidios. Ambos grupos han mostrado vínculos transnacionales y, según informes de autoridades brasileñas, operan redes de finanzas ilícitas en varios países de América Latina.
Procedimiento de designación de organizaciones terroristas en EE.UU.
El Departamento de Estado de Estados Unidos cuenta con un proceso reglado para incluir grupos en la lista de “Organizaciones Terroristas Extranjeras” (Foreign Terrorist Organizations, FTO). Dicho procedimiento exige la presentación de pruebas de que la agrupación amenaza la seguridad de personas estadounidenses o de sus intereses, así como un periodo de revisión y la posibilidad de presentar alegaciones. Una vez designada, la organización queda sujeta al congelamiento de activos en territorio estadounidense y a sanciones penales para quienes le brinden apoyo material.
Cooperación Brasil–Estados Unidos contra el crimen organizado
Brasil y Estados Unidos mantienen acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, entre ellos mecanismos de intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas para la incautación de bienes relacionados con actividades ilícitas. Organismos como INTERPOL y agencias especializadas participan en esos esfuerzos, que buscan atacar tanto a las redes de narcotráfico como a las finanzas ilegales vinculadas al crimen organizado.
La controversia actual refleja tensiones diplomáticas en torno al alcance de la legislación antiterrorista y a los límites de la soberanía nacional. Hasta el momento, el Gobierno brasileño defiende que la lucha contra las facciones debe apoyarse en acuerdos de cooperación existentes, sin recurrir a la calificación de terrorismo que, en su opinión, podría tener efectos contraproducentes en la relación bilateral.
