El entorno científico en Estados Unidos enfrenta un enigma que involucra al FBI y a la Casa Blanca. En los últimos años, al menos diez investigadores y técnicos con acceso a información sensible sobre secretos nucleares o tecnología de propulsión espacial han muerto o desaparecido en circunstancias desconcertantes. Las autoridades federales tratan ahora de determinar si existe una conexión oculta entre estos casos aparentemente aislados.
Uno de los primeros incidentes documentados se remonta a julio de 2023, cuando Michael David Hicks, ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory, JPL) de la NASA, murió a los 59 años. Aunque en foros de internet circularon conjeturas sobre posibles vínculos con espionaje o sabotaje, la familia de Hicks aclaró que padecía dolencias cardíacas diagnosticadas años atrás y descartó cualquier nexo con otros sucesos parecidos. El JPL, situado en Pasadena, California, es uno de los centros más avanzados en investigación de vehículos espaciales y tecnología de exploración planetaria.
En 2024, el especialista en investigación espacial Frank Maiwald falleció en Los Ángeles. Al año siguiente, la ingeniera de cohetes Monica Reza desapareció mientras hacía senderismo en un bosque de la misma región. Ambos contaban con acceso a datos sobre sistemas de lanzamiento y software de navegación de misiones interplanetarias.
Paralelamente, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, que jugó un papel clave en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, han ocurrido incidentes similares. En 2025, los técnicos Melissa Casias y Anthony Chavez, vinculados a investigaciones de materiales nucleares, desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades locales señalaron que hasta ahora no se han hallado indicios de delito en sus desapariciones.
Otro caso relevante involucra al mayor general retirado de la Fuerza Aérea William Neil McCasland, de 68 años, quien desapareció el 27 de febrero tras abandonar su domicilio en Albuquerque, Nuevo México. McCasland coordinó programas de investigación aeroespacial avanzada para el Departamento de Defensa y ejerció como director del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson, Ohio.
Su esposa, Susan McCasland Wilkerson, declaró en una red social que “es cierto que Neil mantuvo una corta relación con la comunidad dedicada al estudio de fenómenos OVNI”, pero subrayó que “no poseía información privilegiada sobre supuestos restos extraterrestres almacenados en Wright-Patterson” y aclaró que “no existen registros de un objeto volador no identificado orbitando las Montañas Sandia”.
El FBI confirmó que lidera la investigación conjunta con los Departamentos de Energía (DOE) y de Defensa (DOD), así como con la NASA y autoridades estatales, para buscar vínculos entre los científicos fallecidos o desaparecidos. El 21 de abril, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigió a estas agencias un informe detallado de las pesquisas. Dicho comité, presidido por los congresistas James Comer y Eric Burlison, supervisa la gestión de los fondos federales y la seguridad nacional.
En un comunicado oficial, Comer y Burlison advirtieron que, si los informes resultan verídicos, “estas muertes y desapariciones podrían constituir una amenaza grave para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el personal con acceso a secretos científicos”. El documento solicita información sobre los protocolos de protección de datos sensibles y las medidas implementadas para salvaguardar a los empleados con autorizaciones de seguridad.
En entrevistas recientes, James Comer insistió en que “es muy improbable que todo esto sea mera coincidencia” y destacó que el Congreso considera esta situación como una prioridad urgente. Por su parte, la NASA reafirmó su compromiso con la seguridad de sus centros e indicó que revisará los procedimientos de protección de personal e instalaciones.
