Tiffany Score y Steven Mills planearon minuciosamente la llegada de su primer hijo. Residentes de Florida, la pareja acudió al Fertility Centre of Orlando para realizar su sueño de ser padres mediante fertilización in vitro (FIV). El 11 de diciembre de 2025 nació Shea, la hija del matrimonio. No obstante, lo que debía ser un momento de alegría se convirtió de inmediato en un enigma médico y legal.
La primera señal de que algo iba mal fue una discrepancia física. Tiffany y Steven, ambos de origen caucásico, percibieron que la recién nacida presentaba rasgos no caucásicos. Alarmados, solicitaron pruebas de ADN que confirmaron sus peores temores: Shea no guardaba relación genética con ninguno de los dos. La pareja interpuso entonces una demanda judicial alegando que, por error, se había implantado en Tiffany un embrión perteneciente a otra familia.
Determinar la identidad de los padres biológicos se convirtió en una misión prioritaria. Tiffany y Steven describieron esa búsqueda como una obligación moral, a pesar del temor constante de que, al encontrar a los progenitores genéticos, pudieran perder la custodia de Shea. El 22 de abril de 2026, los abogados de la pareja anunciaron que la investigación había concluido y que se habían identificado a los padres biológicos mediante pruebas especializadas de relación genética.
En un comunicado oficial difundido por sus representantes legales, la pareja explicó: “Los resultados de los análisis presentados hoy confirman que los padres genéticos de nuestra hija han sido localizados”. Sin embargo, para proteger la privacidad de todas las partes implicadas, la identidad de estos progenitores permanecerá en secreto.
El ámbito jurídico en este tipo de supuestos es especialmente complejo. En enero, la abogada Mara Hatfield explicó en una entrevista las cuestiones de derechos que se debaten en casos de este tipo: “¿Qué derechos corresponden a los progenitores que han criado al menor durante meses, en comparación con los derechos de los padres genéticos que acaban de ser identificados? La legislación está en proceso de adaptación y definición, porque, aunque estos fallos son poco frecuentes, sí ocurren”, señaló.
Hasta el momento, los padres biológicos localizados no han iniciado ningún trámite para reclamar la custodia de Shea. Jack Scarola, el letrado que representa a Tiffany y Steven, subrayó que el bienestar de la niña sigue siendo la prioridad absoluta de la pareja: “Una cosa es tan cierta hoy como el día en que nació nuestra hija: la amaremos y seremos sus padres para siempre”, declararon.
Mientras se resuelve el misterio sobre el origen de Shea, otro asunto permanece en el aire. El Fertility Centre of Orlando, gestionado por IVF Life, cerrará sus puertas el 20 de mayo, en medio de las investigaciones en curso. Este cierre plantea dudas sobre el paradero de los tres embriones viables de Tiffany y Steven que se encontraban almacenados en la clínica.
La pareja manifestó: “Este cierre pone fin a un capítulo doloroso de nuestro recorrido, pero plantea nuevos desafíos que deberán ser resueltos. Además, las preguntas relativas al destino de nuestros propios embriones siguen sin respuesta y, probablemente, nunca lo estarán”. El litigio continuará abierto para determinar el destino de este material genético desaparecido.
Los procedimientos de fertilización in vitro suelen incluir la extracción de óvulos, la fecundación en laboratorio y el almacenamiento de embriones en tanques criogénicos. Cada muestra se identifica mediante un código único para evitar confusiones, y existen protocolos de doble verificación antes de la transferencia al útero. Sin embargo, errores humanos o fallos en los sistemas de etiquetado pueden dar lugar a intercambios como el ocurrido en este caso, lo que a su vez genera debates sobre la mejora de las normas de seguridad y la necesidad de regulaciones más estrictas.
En los procesos legales, las reclamaciones suelen versar sobre daños y perjuicios, coberturas de costes médicos y compensación por el trauma emocional. La defensa de Tiffany Score y Steven Mills también buscará ahora una indemnización que cubra los gastos derivados del error y el sufrimiento ocasionado. El devenir de esta demanda podría sentar precedente para futuros casos de confusión de embriones y reforzar la normatividad en el ámbito de la reproducción asistida.
