Laurence Van Wassenhove, una ciudadana francesa con epilepsia y hemiplejia, ha interpuesto una demanda contra la empresa de telecomunicaciones Orange, acusándola de acoso moral y discriminación. Durante dos décadas, Laurence recibió su salario completo sin que se le asignara ninguna tarea, una situación que, lejos de ser un privilegio, se convirtió en un calvario psicológico y profesional.
Empleada pública desde los tiempos de France-Télécom, fue trasladada en 2002 a un nuevo puesto, pero los servicios de salud laboral determinaron que no era apta para las nuevas funciones. A partir de entonces, entró en un limbo administrativo: primero fue declarada “disponible”, luego pasó a licencia médica y, finalmente, Orange le propuso la jubilación por invalidez. Todo esto mientras seguía percibiendo su sueldo sin tener ninguna responsabilidad laboral.
Laurence describe este periodo como una forma de exclusión sistemática. Se sentía como una “secretaria paria”, aislada y sin propósito, lo que le provocó una fuerte depresión. Según ella, el hecho de recibir un sueldo sin trabajar fue una estrategia de presión psicológica y una forma encubierta de marginación. La empresa, por su parte, sostiene que intentó reubicarla en funciones compatibles con su estado de salud, pero que las reiteradas bajas médicas impidieron su reincorporación.
Además de los efectos emocionales, Laurence vivió dificultades económicas, incluyendo el riesgo de desahucio y la carga de cuidar a un hijo con autismo. En 2015, presentó una denuncia ante el gobierno francés y la Alta Autoridad para la Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad (HALDE), aunque denuncia que no se han tomado medidas significativas desde entonces.
Este caso pone sobre la mesa el debate sobre la inclusión real de personas con discapacidad en el entorno laboral y los efectos devastadores de la inactividad forzada. Para Laurence, lo que muchos considerarían una situación cómoda fue, en realidad, una forma cruel de exclusión institucionalizada.
