La Defensoría Pública de Río de Janeiro ha solicitado a la Justicia que el Gobierno estatal indemnice con unos 790.000 euros a la familia del albañil Ronaldo Julião da Silva, muerto durante la operación policial más letal de la historia del estado, llevada a cabo en octubre de 2025. La cifra equivale aproximadamente a los 4,9 millones de reales reclamados, calculados con un cambio orientativo de 6,2 reales por euro. La institución sostiene que Ronaldo era inocente y que el Estado incurrió en fallos tanto en el análisis forense como en la investigación de su muerte.
Ronaldo Julião da Silva murió durante la operación Contenção cuando regresaba de casa de su hermana a su propia vivienda. Eran aproximadamente las 18.30 del 28 de octubre de 2025. Según relataron sus familiares, fue encontrado «en estado de abandono» cerca de donde vivía.
En la madrugada del día siguiente, vecinos retiraron el cuerpo y lo colocaron junto a los de otras 122 personas fallecidas durante la operación. En las investigaciones de la Policía Civil de Río de Janeiro, Ronaldo no figura con antecedentes ni con detenciones previas. Tampoco se identificaron indicios de que tuviera vínculos con el crimen organizado.
«No llevaba armas, no desobedeció ninguna orden, no pertenecía a una facción y no era objeto de una orden de detención. Era un padre de familia, trabajador, albañil, de 46 años, que no pudo ir a trabajar porque el Estado convirtió su barrio en una zona de guerra», afirmó la Defensoría.
La acción civil pública solicita que la indemnización se destine a los familiares de Ronaldo Julião. Nacido en Campina Grande, en el estado de Paraíba, tenía 46 años y dejó seis hijos y una nieta. La petición plantea así una compensación para sus familiares por la muerte, además de señalar las deficiencias que, según la Defensoría, se produjeron en las actuaciones estatales posteriores.
La indemnización reclamada en este caso es distinta de la petición colectiva presentada también por la Defensoría Pública de Río de Janeiro para los vecinos del Complexo do Alemão. Para esa solicitud, el organismo reclama 50 millones de reales, equivalentes a unos 8,06 millones de euros con el mismo cambio orientativo. La acción colectiva pide además que se ofrezca atención psicosocial a la población afectada.
La petición colectiva se presentó un año después de la operación policial, que dejó 122 muertos. Según la Defensoría, el dinero de la indemnización debería destinarse a obras y mejoras en ámbitos como la educación, la sanidad, el deporte y el ocio en las comunidades. El planteamiento se refiere a actuaciones colectivas en esas áreas y no sustituye la reclamación individual formulada en nombre de la familia de Ronaldo.
La acción fue interpuesta por el Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos (NUDEDH) de la Defensoría. El organismo también solicita que el Estado responda por los daños individuales sufridos por los vecinos durante la operación. En conjunto, las dos peticiones recogen, por un lado, la reclamación de los familiares del albañil fallecido y, por otro, la demanda colectiva relacionada con los perjuicios denunciados por residentes del Complexo do Alemão.
