La Defensoría Pública del Distrito Federal (DPDF) ha publicado un retrato de las audiencias de custodia celebradas durante el primer semestre de 2026. El estudio se basa en 2.365 entrevistas y describe las características sociales de las personas atendidas, así como algunos aspectos relacionados con las condiciones de detención y la protección de sus derechos. Según los resultados, la mayoría de los entrevistados eran hombres solteros, negros o mestizos, y trabajaban en la economía informal. Algo menos de la mitad no había completado la educación primaria y una parte de los participantes declaró tener ingresos reducidos.
Entre las más de 2.000 entrevistas analizadas, el 86,6% de las personas no tenía un contrato de trabajo formal. El 48,84% no había terminado la educación primaria y el 28,29% indicó que percibía mensualmente hasta un salario mínimo. El importe de referencia era de 1.621 reales brasileños, equivalentes aproximadamente a 260 euros con un cambio orientativo de 0,16 euros por real. Se trata de datos declarados por las personas entrevistadas y recogidos en el informe.
En cuanto a las infracciones, el 39,47% de los casos correspondía a delitos contra el patrimonio cometidos sin violencia, una categoría que comprende las infracciones patrimoniales en las que no se emplea fuerza contra las personas. El informe también señala que el 56,69% de los entrevistados no tenía antecedentes penales, según la información recogida. Este porcentaje se refiere a quienes fueron identificados como primarios en el estudio.
El perfil demográfico muestra que el 89,54% de las personas entrevistadas eran hombres y el 69,05%, solteras. Respecto a la identificación por color o raza, el 64,27% se declaró mestizo y el 20,51%, negro; el 14,38% se identificó como blanco. La suma de los porcentajes correspondientes a las personas negras y mestizas explica la referencia del titular a cerca del 84% de los presos.
El estudio también recoge situaciones de vulnerabilidad social y otras condiciones declaradas por las personas atendidas. Las personas sin hogar representaban el 49,53% de los casos. A continuación figuraban las personas con discapacidad, con un 17,45%; quienes atravesaban una crisis de salud mental, con un 10,85%; las personas mayores, con un 4,72%; las personas transgénero, con un 2,36%, y las migrantes, con un 1,41%. Estos porcentajes describen los grupos incluidos en el informe y no deben interpretarse como categorías necesariamente excluyentes.
El documento incorpora además indicadores sobre la detención y las garantías de derechos. Un 13,53% de los entrevistados afirmó haber sufrido violencia policial en el momento de su detención. Por otra parte, el 6,6% declaró que no recibió agua ni alimentos en la comisaría. Son respuestas recogidas durante las entrevistas y presentadas por el informe como parte del análisis de las condiciones experimentadas por las personas atendidas.
Alexrande Fernandes Silva, coordinador del Núcleo de Asistencia Jurídica de las Audiencias de Custodia y de la Tutela Colectiva de los Presos Provisionales (NAJCust), organismo responsable de difundir el quinto informe sobre estas audiencias, destacó la utilidad de la investigación. Según afirmó, resulta «fundamental para que podamos mirar más allá del registro de la ocurrencia y comprender las condiciones sociales y las posibles vulneraciones de derechos».
Las audiencias de custodia constituyen el marco en el que se examinan circunstancias relacionadas con la detención y se pueden plantear cuestiones sobre el trato recibido y el respeto de los derechos. En este caso, los datos publicados por la DPDF reúnen tanto información sobre el perfil de las personas entrevistadas como respuestas referidas a su situación social y a las condiciones de su detención.
