Un miembro de la Gendarmería francesa observa a manifestantes junto a restos de barricadas incendiadas en el centro urbano durante los disturbios. (Foto: Instagram)
El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, reconoció el lunes 19 de octubre que las autoridades no estuvieron preparadas para afrontar la oleada de disturbios que sacudió el país durante el fin de semana. En su comparecencia aseguró que los servicios de inteligencia no habían detectado ni monitoreado adecuadamente la actividad de grupos radicales de extrema izquierda y delincuentes que participaron en los ataques.
Según Darmanin, fueron arrestadas 2.331 personas en las diferentes manifestaciones, de las cuales un 70 % eran mayores de edad. Más del 80 % de esos casos ya han dado lugar a procedimientos judiciales, y decenas de sospechosos permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio.
Las protestas, inicialmente convocadas por movimientos estudiantiles en septiembre para exigir mejores condiciones en la enseñanza, se extendieron a manifestaciones contra el elevado coste de la vida y la precariedad de los servicios públicos. Al calor de ese malestar, algunos manifestantes protagonizaron saqueos y enfrentamientos con la Policía.
En ciudades como París y Marsella se registraron incendios, destrozos en establecimientos comerciales y agresiones a agentes. En la capital se produjeron alrededor de 350 detenciones entre el domingo y la madrugada del lunes, mientras se contabilizaba el saqueo de unas treinta tiendas. En Limoges, en el suroeste de Francia, incluso se incendió un edificio de la alcaldía.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió fallos en la planificación y reconoció que, a pesar de haber movilizado unos 60.000 policías y gendarmes el sábado, las fuerzas de seguridad perdieron el control de determinadas acciones violentas. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron rechazó la dimisión de Nuñez y le pidió que continuara al frente de la cartera, al tiempo que reclamó transparencia sobre las deficiencias de inteligencia y nuevas estrategias para restaurar el orden.
La crisis ha reavivado las críticas a la gestión gubernamental. Diversos partidos políticos responsabilizaron al Ejecutivo de la extensión de los disturbios, mientras desde el propio Gobierno se subrayó la responsabilidad de los grupos violentos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó de inmediato una reunión interministerial para evaluar los daños económicos y comerciales, abordar los seguros y coordinar el seguimiento judicial.
Los comercios afectados afrontan cuantiosos daños: Alain Di Crescenzo, presidente de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia, estimó que más de 2.000 establecimientos sufrieron actos vandálicos y saqueos, con pérdidas valoradas en cientos de millones de euros. El Gobierno estudia medidas de apoyo, como agilizar indemnizaciones, abrir líneas de crédito y aplicar posibles alivios fiscales y sociales para paliar los perjuicios.
