Mensajes y otros registros encontrados por la Policía Federal en el móvil de Daniel Vorcaro, ex controlador del Banco Master, fueron utilizados en la investigación para apuntar a una proximidad poco habitual entre el banquero y el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Según fuentes de la cadena CNN, el conjunto de pruebas reunido incluye desde solicitudes de ayuda por parte de Vorcaro hasta referencias a informes confidenciales relacionados con el Banco Central y peticiones para que autoridades judiciales y policiales intervinieran en las pesquisas contra el banco.
En total, la Policía Federal identificó 52 mensajes intercambiados entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025. Algunas de esas comunicaciones están atribuidas directamente a Alexandre de Moraes, mientras que en otros fragmentos la pesquisa indica que el interlocutor podría ser el propio ministro, aunque las posibles respuestas de Moraes no forman parte del material divulgado. Este tipo de extracción de datos suele basarse en análisis de metadatos y registros de aplicaciones de mensajería, así como en peritajes digitales que reconstruyen el flujo de mensajes y la identidad de los participantes.
Según el informe, en uno de los intercambios Vorcaro afirmaba haber recibido datos “informales y en confidencia de gente del Banco Central, que G y los directores están bajo máxima presión otra vez para una medida, porque el Bacen está muy presionado por la PF y el MP, alegando que tomarán algo contra mí”. La referencia a “G” no queda claramente definida en el expediente, pero ilustra la percepción de Vorcaro sobre la influencia de la Fiscalía y el Ministerio Público.
En posteriores mensajes, el exbanquero menciona al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al procurador general de la República, Paulo Gonet. Expresaba su preocupación: “Es importante reforzar con Andrei y Paulo para que nadie de abajo haga una mala jugada, que si no se va todo al garete”. Este tipo de comunicaciones revela, según los investigadores, una intención de Vorcaro de intervenir en el curso de la investigación que lo involucra.
Además, el informe de la PF destaca que Vorcaro mantenía contactos en el interior del Banco Central. En otro intercambio, señalaba: “Gente de dentro del Bacen, que son mis amigos y se mostraron preocupados. Participaron en las reuniones, por lo que la información es al 100 %. No puedo exponerlos porque eran pocos y se sabrá que me informaron, si esto llega a G. Así que debemos tener cuidado en cómo proceder con G después”. Estas alusiones apuntan al uso de canales informales para obtener previsiones sobre decisiones regulatorias y a la necesidad de discreción para proteger fuentes internas.
El informe policial también hace referencia a varios encuentros personales entre Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, además de un contrato valorado en aproximadamente 131 millones de reales (unos 23,6 millones de euros) entre el Banco Master y el despacho de Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro. Según documentos digitales analizados por la PF, Moraes habría participado en la revisión de borradores de la minuta de dicho contrato. El bufete, por su parte, ha explicado que la intervención del ministro se limitó a verificar posibles impedimentos jurídicos ante la contratación.
Aunque la pesquisa aún está en curso, la defensa de Alexandre de Moraes ha negado cualquier irregularidad o prestación de servicios al exbanquero. El equipo de abogados del ministro ha cuestionado la metodología empleada para vincular las anotaciones halladas en el teléfono de Vorcaro con supuestas conversaciones de WhatsApp, y subraya que no existen pruebas de que las peticiones de ayuda fueran atendidas. Asimismo, insisten en que la figura del magistrado impone estrictas reglas de incompatibilidad, lo que haría inviable un trabajo directo para particulares.
En el ámbito jurídico brasileño, las actuaciones de la Policía Federal se rigen por procedimientos técnicos que incluyen la extracción pericial de datos, la cadena de custodia digital y la validación de identidad de los usuarios. Estos métodos buscan garantizar la integridad de la prueba y su validez en un eventual proceso judicial. El caso Vorcaro–Moraes añade un componente político relevante, dado el rol de Moraes en el STF y su influencia en asuntos de alta repercusión nacional.
