Un abogado estadounidense afirmó que varios padres se acercaron a él preocupados por mujeres que publicaron en redes sociales mensajes de apoyo a Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts. Alex Thomason aseguró que tiene la intención de presentar algunas de esas publicaciones en los procesos de custodia y visitas, aunque admitió que el mero respaldo público a la acusada no implica automáticamente la pérdida de convivencia con los menores.
La declaración de Thomason cobró amplia repercusión tras la difusión de un vídeo en sus cuentas de redes sociales. Según el abogado, hombres enfrentados a disputas de guarda judicial habrían expresado su inquietud debido a comentarios publicados por sus parejas o exparejas, que defendían públicamente a Clancy. En uno de los casos mencionados, Thomason indicó que planea solicitar la revocación del derecho de visita de una mujer y emplear sus publicaciones en TikTok como prueba en la estrategia de defensa de su cliente. “Quiero que un psiquiatra forense entreviste a esa mujer solo para evaluar lo inestable que podría estar, y utilizaremos sus publicaciones en la plataforma”, declaró textualmente.
Thomason ha subrayado que el debate se centra en la seguridad de los menores: “Esto va sobre los niños, no sobre los derechos de los padres”, apuntó en otro vídeo que también se hizo viral. Su posición ha generado un intenso debate en foros jurídicos en Estados Unidos acerca de hasta qué punto las manifestaciones en redes sociales pueden influir en decisiones de custodia y visitas.
En paralelo, el caso de Clancy ha puesto de relieve cuestiones relativas a la salud mental posparto. La defensa de Clancy sostiene que, al momento de los hechos, ella padecía psicosis posparto, un trastorno poco común pero grave que puede manifestarse con alucinaciones, delirios y pérdida de contacto con la realidad. Según datos de organizaciones sanitarias, la psicosis posparto afecta a alrededor de una de cada mil mujeres, y requiere intervención médica urgente. La defensa argumenta que la enferma carecía de la capacidad para comprender la naturaleza o la gravedad de sus acciones, por lo que se declaró inocente por razones de insanidad.
Frente a este argumento, la fiscalía cuestiona la validez de la eximente. Los representantes de la acusación sostienen que Clancy, a pesar de su estado de salud, poseía plena conciencia de lo que ocurría y fue capaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento en que habría acabado con la vida de sus hijos. En la fase actual del juicio, la defensa ha concluido su presentación y la parte acusatoria comenzó a aportar testigos de contraargumentación antes de las alegaciones finales previstas para esta semana.
El proceso se enmarca dentro del sistema legal de familia en Estados Unidos, donde los tribunales suelen regirse por el principio del “interés superior del menor”. Esta doctrina obliga al juez a evaluar todos los factores que puedan afectar al bienestar de los niños —incluidas condiciones psicológicas de los progenitores o influencias externas— antes de determinar guardas y regimenes de visitas.
La repercusión mediática y la movilización ciudadana tampoco han pasado desapercibidas. En redes sociales, numerosas mujeres compartieron imágenes y mensajes de solidaridad con Clancy, al tiempo que se abrió un debate más amplio sobre la atención a la salud mental durante el posparto. Algunas seguidoras incluso asistieron al edificio del tribunal para expresar públicamente su apoyo a la acusada, generando tanto críticas como muestras de empatía en el público.
