El exministro de la Previsión Social Ahmed Mohamad Oliveira (antes José Carlos Oliveira) declaró ante la PF (Foto: Instagram)
El exministro de la Previsión Social del gobierno de Jair Bolsonaro (PL), Ahmed Mohamad Oliveira —anteriormente conocido como José Carlos Oliveira— ha sido indiciado por la Policía Federal (PF) de Brasil. Según el informe oficial, Oliveira habría recibido 550.000 reales (aproximadamente 99.000 €) en sobornos a través de empresas fantasma, vinculados a descuentos indebidos en los beneficios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
De acuerdo con los investigadores, esas firmas de fachada pertenecen al empresario Cícero Marcelino de Souza, señalado como operador financiero de la Confederación Nacional de los Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer). Entre octubre de 2022 y febrero de 2023, se registraron tres transferencias por un total de 550.000 reales (unos 99.000 €) desde esas compañías hacia cuentas relacionadas con Oliveira.
Además de esas transferencias bancarias, la PF sostiene que el exministro recibió en efectivo otros 500.000 reales (aproximadamente 90.000 €). Según el reporte, el dinero se entregó el 10 de agosto de 2022 al empleado de confianza José Laudenor da Silva, apodado “Dinho”, durante un encuentro con el operador financiero. Para la Policía Federal, el destinatario final de esa cantidad era el propio Ahmed Mohamad Oliveira.
La investigación incluye comunicaciones internas y planillas contables de la organización criminal, en las que Oliveira aparece bajo los alias “Abou Yasser”, “Yabo”, “São Paulo” y “O Ministro”. La PF concluye que los pagos buscaban garantizar que el INSS no actuara contra las irregularidades detectadas en la gestión de beneficios.
Entre los presuntos favores permitidos destaca la transferencia de la gestión de un acuerdo de cooperación técnica hacia la Dirección de Beneficios del INSS, así como la liberación de 15,3 millones de reales (cerca de 2.754.000 €) que estaban retenidos, sin exigir la documentación reglamentaria.
Oliveira se acogió a la jubilación voluntaria en octubre del año pasado, tras décadas como funcionario de carrera. Hasta ese momento, desempeñaba el puesto de técnico del Seguro Social en el INSS con un salario de 11.705,84 reales (unos 2.108 €). Desde su retiro, mantiene el cobro íntegro de esa cuantía.
La Policía Federal de Brasil es el principal organismo de investigación de delitos federales, incluida la corrupción en la administración pública. En casos de esta naturaleza, la PF emplea peritajes contables y seguimientos de transacciones para rastrear el origen y destino de fondos irregulares. Las empresas ‘fachada’ son sociedades jurídicas sin actividad real, utilizadas con frecuencia para ocultar el movimiento de recursos ilícitos. Por su parte, el INSS es responsable de gestionar las pensiones y prestaciones sociales en Brasil, y las sospechas de fraude en su ámbito suelen investigar retrasos, descuentos indebidos o acreditaciones falsas de beneficios.
El proceso contra Oliveira se enmarca en una serie de operaciones de la PF destinadas a desmantelar redes de sobornos vinculadas a altos cargos del Ejecutivo brasileño. Tras la presentación del informe de indiciamiento, el exministro podría afrontar cargos por corrupción pasiva, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, de acuerdo con el Código Penal de Brasil.
