Manoel Silva Rodrigues, exsargento del Ejército Brasileño, ha sido condenado a tres años de prisión en régimen abierto por transportar 37 kg de cocaína en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). El delito se cometió mientras formaba parte de la tripulación de un vuelo oficial, y el fallo condenatorio reafirma la implicación directa de un militar en actividades de narcotráfico.
A sus 45 años, Rodrigues ejercía funciones como comisario de a bordo en los trayectos de la FAB cuando fue detenido. La investigación reveló que aprovechaba sus labores de embarque y desembarque para introducir el estupefaciente, supuestamente con conocimiento de al menos un otro miembro de la misma institución.
Este no es el único proceso contra Rodrigues. En febrero de 2022 ya había sido sentenciado a 14 años y seis meses de cárcel en un juicio previo por tráfico internacional de drogas. Sin embargo, ese fallo no impidió que continuara su actividad ilícita, lo que precipitó la nueva acusación y la pena en el nuevo procedimiento judicial.
El hecho ocurrió el 24 de junio de 2019, cuando Rodrigues integraba una comitiva de 21 militares que acompañaban al entonces presidente Jair Bolsonaro en una gira con motivo de la cumbre del G20 en Japón. Durante el viaje oficial, las medidas de seguridad en los vuelos de la FAB quedaron suspendidas momentáneamente, lo que facilitó el traslado de la mercancía.
Antes de despegar desde la Base Aérea de Brasilia, el exsargento recibió los paquetes con la droga en un motel del Núcleo Bandeirante, una zona frecuentada por distintos funcionarios y visitantes de la capital federal. Posteriormente, fue detenido en el aeropuerto de Sevilla, en España, cuando la aeronave realizó una escala técnica para reabastecimiento.
La cocaína intervenida fue valorada en 1 306 695 euros, sin incluir otros costos operativos ni las ganancias potenciales del tráfico. Esta cifra responde a la cotización internacional para bloques de alta pureza y volumen significativo destinado al mercado europeo.
Durante las pesquisas policiales, las autoridades indagaron exhaustivamente en los motivos por los que Rodrigues frecuentaba el motel del Núcleo Bandeirante. El exmilitar negó que el establecimiento sirviera de punto de intercambio de drogas y afirmó que asistía a fiestas privadas de carácter sexual. Según su versión, mantenía un “hábito” de acudir a orgías acompañado de amigos, justificando así las repetidas entradas y salidas del lugar.
En su declaración en Sevilla, Rodrigues intentó desacreditar la acusación principal sosteniendo que su vida sexual era muy activa y que esos encuentros eran ajenos al tráfico ilícito de sustancias. Aseguró además que siempre informaba a su esposa, descrita como celosa, de sus desplazamientos, a fin de evitar malentendidos conyugales.
No obstante, los investigadores consideraron insuficientes sus argumentos. Detectaron la participación de un tercero, un militar apodado “Flamengo”, como supuesto proveedor de la droga. También apuntaron que los moteles, por su privacidad y baja supervisión, suelen ser utilizados por redes de narcotráfico para acondicionar y entrenar a los llamados “mulitas”, es decir, mulas de transporte.
El régimen abierto, aplicado en la condena de Rodrigues, forma parte del sistema penitenciario brasileño y permite al condenado cumplir la pena bajo ciertas libertades vigiladas. Entre las condiciones están la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, la prohibición de ausentarse de su localidad sin permiso y la restricción para concurrir a determinados lugares.
El caso de Manoel Rodrigues pone de relieve los riesgos de corrupción y complicidad interna en instituciones estatales dedicadas a la defensa nacional. Asimismo, evidencia las tácticas empleadas por organizaciones criminales para infiltrar a sus miembros en cuerpos militares o de seguridad, con el fin de aprovechar las rutas y la logística oficial en la distribución de drogas.
