Someter a gallos a riñas se considera delito de maltrato animal, según el artículo 32 de la Ley n.º 9.605 de 1998, que establece sanciones para quienes lesionan o maltratan animales. Esta norma, conocida como Ley de Delitos Ambientales, fue promulgada en febrero de 1998 en Brasil y tipifica diversas conductas ilícitas contra el medio ambiente y los seres vivos. En el caso de las riñas de gallos, las aves son criadas específicamente para el combate, permanecen confinadas en jaulas reducidas y son sometidas a entrenamientos que potencian su agresividad. Durante las peleas, sufren heridas profundas que, en muchas ocasiones, derivan en la muerte de los ejemplares.
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Aunque estos gallos son recuperados en operativos policiales, siguen sin contar con un destino adecuado. Según la Policía Civil del Distrito Federal (PCDF), al no existir entidades públicas con la infraestructura o el personal capacitado para acoger aves de pelea, los ejemplares incautados permanecen bajo la custodia de los propios investigados, en calidad de depositarios fieles, hasta que una resolución judicial determine su destino definitivo.
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La carencia de un lugar idóneo para el resguardo volvió a evidenciarse tras dos acciones realizadas por el Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) en junio. El 16 de ese mes, agentes desmantelaron una riña en una zona rural de São Sebastião, donde hallaron cerca de 80 aves destinadas a disputas con apuestas. Los gallos se mantenían en condiciones precarias: jaulas diminutas, mala ventilación y sin atención veterinaria. Tras el operativo, las aves volvieron a quedar al cuidado de los responsables de la finca.
Cinco días después, el 21 de junio, un segundo operativo cerró otro establecimiento utilizado para peleas de gallos. En esta intervención se localizaron unos 70 ejemplares igualmente maltratados. De nuevo, la imposibilidad de trasladarlos a un refugio público dejó a los investigados como custodios temporales de las aves.
Los militares describieron el esquema como «casi profesional». Además de las aves, incautaron un arma de fuego en el segundo punto de la riña. La abogada especializada en derecho animal Ana Paula Vasconcelos explica que la falta de instalaciones adecuadas para acoger gallos de pelea no es un problema nuevo. Durante años, la única opción fue la eutanasia de los ejemplares, práctica que funcionaba como vía rápida ante la inexistencia de albergues especializados.
Este criterio cambió con la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) en la Argución de Descumplimiento de Preceito Fundamental (ADPF) 640, dictada en 2021. En esa resolución, la Corte Suprema prohibió la eutanasia como método de destino para animales víctimas de maltrato, amparándose en la protección constitucional de la dignidad de los seres vivos.
«En Brasil no existen instalaciones públicas con la infraestructura necesaria para atender a estos animales», subraya Vasconcelos. «Esta omisión estatal vulnera derechos fundamentales. La creación de refugios especializados y la implementación de políticas públicas específicas son medidas urgentes. Aunque los procesos judiciales pueden obligar a las autoridades, suelen ser lentos y no garantizan soluciones inmediatas».
Cuando son rescatados, los gallos deberían someterse a una evaluación clínica y a un seguimiento veterinario para tratar sus lesiones. El médico veterinario Luiz Felipe Cibin detalla que estos animales requieren cuidados intensivos: «Es habitual encontrar cortes profundos, perforaciones, fracturas, lesiones oculares, hematomas y hemorragias. Muchos ejemplares llegan deshidratados, con infecciones en las heridas y pérdida de peso severa. Las secuelas pueden ser permanentes, y algunos animales no sobreviven a los traumas sufridos».
Más allá del daño físico, Cibin insiste en que los gallos padecen estrés extremo, dolor constante y miedo, lo que debilita su sistema inmunitario. «Tras el rescate, es imprescindible un examen clínico exhaustivo e iniciar de inmediato el tratamiento, que incluye control del dolor, fluidoterapia, limpieza y sutura de heridas, antibióticos, tratamiento de fracturas y soporte nutricional. Deben mantenerse en un entorno tranquilo y bajo vigilancia continua», explica.
El laudo veterinario resultante de la evaluación juega un papel clave en la investigación y en la posible condena de los responsables. «Este informe describe con detalle las lesiones y el estado clínico del animal, demostrando el sufrimiento infligido. Sirve como prueba pericial en el proceso judicial y guía los cuidados médicos necesarios para la recuperación», concluye Cibin.
Este artículo apareció primero en PAIPEE.
