Los Estados Unidos anunciaron, este martes 30 de junio, sanciones contra una red transnacional acusada de financiar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante un complejo esquema de contrabando de combustibles. Esta organización criminal mexicana está dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y ha sido señalada como una de las más violentas y con mayor capacidad de expansión en el país.
Las medidas fueron implementadas por el Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ambos organismos del Departamento del Tesoro de EE. UU. El objetivo principal de estas sanciones es congelar los activos bajo jurisdicción estadounidense de las personas y empresas involucradas, así como dificultar su acceso al sistema financiero internacional.
Según la información oficial, dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades jurídicas fueron incluidos en la lista de sancionados por su participación en actividades de contrabando de combustible, falsificación de documentos aduaneros, uso de empresas de fachada y evasión fiscal. Las autoridades estiman que esta estructura generaba decenas de millones de dólares al año (equivalentes a decenas de millones de euros) para sostener las operaciones del cártel.
Entre los sancionados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financiero de la red, y J. Refugio Ruiz Villagómez, acusado de importar ilegalmente combustible desde EE. UU. hasta territorio mexicano sin las autorizaciones correspondientes. Según el Tesoro estadounidense, Juraidini Silva gestionaba sociedades simuladas para ocultar las transacciones del CJNG, falsificar facturas de importación y facilitar el envío irregular de gasolina y diésel sin abonar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Por su parte, Ruiz Villagómez habría pagado coimas a organizaciones criminales que controlan puntos de paso en la frontera para garantizar el tránsito de los carburantes.
Además de las dos personas físicas, el OFAC incluyó en su lista punitiva a nueve empresas relacionadas con transporte, logística, cambio de divisas, servicios financieros e inmobiliario. Estas compañías, según el Departamento del Tesoro, servían de cobertura para mover dinero y mercancías sin levantar sospechas.
Al mismo tiempo, la FinCEN emitió una alerta dirigida a instituciones financieras y corporaciones sobre operaciones sospechosas vinculadas al denominado huachicol fiscal. Este término se emplea para describir el contrabando de combustibles a gran escala entre EE. UU. y México mediante documentación falsa, intermediarios y corrupción de funcionarios. El documento aconseja reforzar los controles de identificación de clientes, monitorear transacciones inusuales y reportar movimientos que puedan estar asociados a esta práctica.
El huachicol ha crecido en las últimas décadas hasta convertirse, según el Tesoro estadounidense, en la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos al margen del narcotráfico. El proceso suele seguir varias fases: primeramente, se sustrae o adquiere ilegalmente petróleo y combustibles en México; a continuación, se envía petróleo crudo sin declararlo a través de la frontera hacia EE. UU.; y finalmente, se reintroducen gasolina, diésel y otros derivados en territorio mexicano, evadiendo el pago de impuestos.
Estas acciones punitivas se coordinaron con una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional del sur de Texas, en la que participaron agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA), el Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México brindó información clave para trazar el entramado financiero del cártel.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, entre un cuarto y un tercio de todo el combustible comercializado en México podría tener un origen ilícito, lo que sitúa al tráfico de hidrocarburos como una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales en el país.
