
Evo Morales saluda al bajar del avión en territorio mexicano (Foto: Instagram)
Evo Morales ha sido acusado formalmente de violar y embarazar a una menor de 15 años mientras ejercía como presidente de Bolivia. Según las autoridades judiciales bolivianas, la denuncia apunta a un presunto delito de carácter sexual cometido en un periodo en el que Morales ejercía funciones oficiales en Palacio Quemado.
Este tipo de acusación se enmarca en la legislación boliviana que establece una edad mínima de consentimiento de 18 años, de acuerdo con el Código Penal vigente en Bolivia. Los delitos de violación y abuso sexual contra menores conllevan penas que pueden alcanzar más de veinte años de prisión, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos o ejercer determinadas profesiones.
Evo Morales gobernó Bolivia desde 2006 hasta 2019 y se convirtió en el primer presidente indígena del país. Durante su gestión impulsó reformas sociales y políticas de nacionalización de recursos naturales, pero también enfrentó críticas por prolongar su mandato tras dos elecciones controvertidas. Su papel en la escena política boliviana ha sido determinante para sectores progresistas y pueblos indígenas.
El procedimiento judicial en Bolivia implica una fase inicial de instrucción en la que el juez examina la denuncia, recaba pruebas forenses y testimoniales, y, de considerarse sólidos los indicios, formula cargos. En este caso, las autoridades deberán analizar informes médicos, declaraciones de testigos y cualquier elemento físico que confirme la gestación de la menor y la posible responsabilidad de Evo Morales.
Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a proteger a los menores contra todas las formas de abuso sexual. Estas normas internacionales refuerzan la obligación de las cortes bolivianas de garantizar un proceso justo y de brindar asistencia a la víctima, incluyendo atención psicológica y médica.
Además, la acusación contra Evo Morales plantea cuestiones sobre la inmunidad que gozan los expresidentes en Bolivia. La Constitución boliviana prevé un juicio de responsabilidades para casos de delitos cometidos en ejercicio o con ocasión del cargo, que requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de iniciar un proceso penal.
Históricamente, la presentación de cargos de esta naturaleza contra exmandatarios en América Latina es poco frecuente y genera importantes repercusiones políticas y sociales. La prensa regional y las organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el desarrollo del caso y exigen transparencia en la investigación.
Las próximas etapas incluyen la posible orden de detención preventiva y la apertura de juicio oral. Hasta entonces, Evo Morales mantiene su inocencia y su defensa podrá presentar alegatos y pruebas en su favor. La evolución de este procedimiento judicial será determinante para esclarecer los hechos y otorgar justicia a la víctima, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.


