Monedas y billetes en euros, representando los fondos presuntamente sustraídos de los parquímetros. (Foto: Instagram)
Durante diez años, un funcionario de la prefeitura de ciudad en el sur de Alemania llevaba a su casa las monedas que recogía de los parquímetros. El operario, destinado al mantenimiento y vaciado de los aparatos, no depositaba el efectivo en las cajas oficiales, sino que lo guardaba para su uso personal. Esta actividad, que se prolongó durante una década, pasó desapercibida hasta que se detectaron discrepancias en la contabilidad municipal.
Los parquímetros son dispositivos electrónicos diseñados para regular el estacionamiento en la vía pública y garantizar la rotación de vehículos. Funcionan con la introducción de monedas —generalmente de 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1 y 2 euros— que cubren un tiempo determinado de estancia. Cada municipio establece sus tarifas y horarios de pago; en este caso, las máquinas dependían de la prefeitura local para la recaudación y el mantenimiento.
Según las indagaciones preliminares, el empleado aprovechaba su turno de vaciado para sustraer los cajetines con la moneda depositada, sustituyéndolos por recipientes ficticios o vacíos que luego rellenaba con céntimos sin valor. De este modo, el sistema administrativo no detectó el fraude hasta que se revisó la documentación de ingresos y se observaron faltantes regulares. La práctica, poco sofisticada, se basaba en la ausencia de controles cruzados y verificaciones físicas exhaustivas de los sacos de recaudación.
Aunque no se ha precisado el importe total defraudado, teniendo en cuenta el ritmo medio de extracción y el valor unitario de las piezas, la suma podría ascender a varios miles de euros. En monedas de curso legal, esa cantidad supondría un volumen considerable de piezas, de modo que su transporte y acumulación requerían cierta logística por parte del funcionario. Una vez convertidos y contabilizados, estos céntimos habrían sido destinados al uso privado sin pasar por las arcas municipales.
El Código Penal alemán tipifica el hurto de fondos públicos como un delito de apropiación indebida, con penas que pueden oscilar entre multas económicas y condenas de prisión, según la cuantía defraudada y las circunstancias del caso. En esta situación, la fiscalía local investiga tanto la responsabilidad penal del trabajador como las deficiencias del sistema de control interno en la prefeitura. Es previsible que, de confirmarse el importe sustraído, se presenten cargos por malversación y se solicite la devolución total de lo pendiente.
Este suceso pone de manifiesto la importancia de implementar mecanismos de supervisión periódica en la gestión de los parquímetros, así como auditorías independientes que eviten acceso indebido a los fondos. La combinación de controles manuales, inventarios imprevistos y sistemas de grabación puede reducir el riesgo de fraude interno y garantizar que las monedas depositadas por los ciudadanos se utilicen para el mantenimiento urbano como está previsto.
