La Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara de Diputados aprobó este martes 10 de marzo un requerimiento dirigido al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para que evalúe el estado de salud de Jair Bolsonaro y considere su traslado a prisión domiciliaria. El texto plantea la necesidad de garantizar un acompañamiento médico más adecuado y continuo, lo que implicaría un cambio en el régimen de custodia del expresidente.
El pedido fue presentado por el diputado federal Osmar Terra (PL-RS), médico de profesión y representante por el estado de Rio Grande do Sul. En el documento oficial, Terra manifestó su “preocupación como médico y representante del pueblo brasileño” y solicitó a los ministros del STF que dispongan “la transferencia inmediata de Bolsonaro a prisión domiciliaria, donde pueda recibir cuidados especializados continuados más eficaces y reducir el riesgo para su vida”.
El texto fue protocolado el pasado viernes 6 de marzo, apenas un día después de que el Supremo Tribunal Federal formara mayoría para mantener a Bolsonaro recluido en el 19.º Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, un centro de detención conocido coloquialmente como “Papudinha”. Esta decisión se produjo tras la condena del expresidente a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.
En el requerimiento, el diputado Osmar Terra hace referencia a supuestas deficiencias de infraestructura médica en la unidad penitenciaria. Según el documento, la penitenciaría no estaría equipada para atender de forma adecuada enfermedades crónicas o condiciones que requieran seguimiento periódico por especialistas. Por ello, el legislador defiende que el expresidente reciba el tratamiento fuera de las instalaciones del Batallón, bajo supervisión médica domiciliaria.
Como respuesta, el relator del caso en el STF, el ministro Alexandre de Moraes, declaró que la ubicación actual de Bolsonaro ofrece “condiciones suficientes para garantizar su salud y seguridad”. No obstante, el tribunal aún no ha emitido una resolución definitiva sobre la solicitud de cambio de régimen. El trámite sigue los procedimientos previstos en la Constitución y en el Código de Proceso Penal brasileño, que contemplan la posibilidad de prisión domiciliaria por razones humanitarias o médicas, siempre que exista informe pericial que lo respalde.
La Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara de Diputados es un órgano técnico-legislativo encargado de analizar asuntos relacionados con la prevención del delito, la política penitenciaria y la organización de los cuerpos de seguridad. Aunque sus decisiones no son vinculantes para el Supremo Tribunal Federal, pueden ejercer presión política y mediática sobre la Corte Suprema al canalizar prioridades de diputados y ciudadanos.
En Brasil, la figura de la prisión domiciliaria está regulada por el artículo 318 del Código de Proceso Penal, que establece excepciones para internos con padecimientos graves, mayores de 80 años o responsables de custodiar a menores de doce años. La aplicación de este régimen alternativo depende de peritajes médicos y de evaluaciones judiciales, así como de la valoración de riesgo procesal que realice el juez o tribunal competente.
La decisión final sobre un posible traslado de Bolsonaro a arresto domiciliario corresponderá al STF. Los jueces del tribunal no están obligados a acatar el requerimiento aprobado por la Cámara de Diputados, pero sí deben responder al mismo dentro de los plazos procesales. De prosperar, el cambio de régimen modificaría las condiciones de privación de libertad del expresidente y abriría un nuevo capítulo en el debate sobre la separación de poderes y los derechos de los acusados en procesos de alta repercusión política.
