Un juez de Nueva York ordena publicar las transcripciones secretas del caso Epstein, bajo la nueva Ley de Transparencia. (Foto: Instagram)
Un juez federal de Manhattan, Richard M. Berman, ha ordenado la divulgación de las transcripciones secretas del gran jurado que en 2019 analizó el caso de tráfico sexual del multimillonario Jeffrey Epstein. Esta decisión se produce tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, recientemente aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Donald Trump. La normativa obliga al gobierno a publicar todos los documentos relacionados con el caso antes del 19 de diciembre, siempre que se proteja la identidad y privacidad de las víctimas.
La medida judicial revierte una decisión anterior del mismo magistrado, quien en su momento consideró que los documentos eran poco relevantes, calificándolos de “fragmentos de rumores”. Sin embargo, con la nueva legislación, Berman reconoce que la publicación es obligatoria, aunque con ediciones para salvaguardar a las víctimas.
Las transcripciones incluyen testimonios de agentes del FBI y de un detective de la policía de Nueva York, que participaron en los procesos judiciales contra Epstein y su ex pareja, Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual. Parte de estos testimonios ya se conocieron durante el juicio de Maxwell.
Además, la decisión llega tras la difusión de imágenes inéditas de la mansión de Epstein en su isla privada del Caribe, reveladas por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Las fotos muestran habitaciones intactas, una silla similar a la de un dentista, máscaras en las paredes y un teléfono con nombres personales en botones de marcación rápida, lo que sugiere una red organizada.
La publicación de estos documentos se produce pocos días después de que el presidente Trump firmara la ley que obliga al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos federales no clasificados relacionados con Epstein, incluidas entrevistas, registros bancarios y otros materiales acumulados durante más de diez años de investigaciones. Aunque el Congreso aprobó la ley con amplio apoyo bipartidista, algunos legisladores temen que la nueva investigación abierta por el propio gobierno de Trump pueda retrasar o limitar la publicación completa de los documentos, alegando motivos de protección a las víctimas o interferencia con investigaciones en curso.
