Un delegado de la Policía Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), cuya identidad no ha sido divulgada, estaría entre los agentes de seguridad que prestaban apoyo a un grupo descrito como ultraviolento y vinculado al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Primeiro Grupo Catarinense (PGC), según la Policía Federal (PF) de Brasil. La organización fue objeto de una operación policial este miércoles, 4 de noviembre.
El delegado es uno de los investigados en la operación Ifrit y está sospechado de haber utilizado su cargo para desviar drogas incautadas durante actuaciones policiales y entregárselas a los delincuentes. La investigación se centra, entre otros hechos, en el presunto desvío de dos toneladas de cocaína incautadas, cuyo valor se estima en unos 2,4 millones de euros.
Según las pesquisas de la Policía Federal, la cocaína original habría sido sustituida por droga adulterada antes de que el cargamento se enviara para su destrucción. De este modo, el grupo se habría quedado con la sustancia de mayor calidad para venderla en el mercado internacional. La información difundida por la PF presenta estos hechos como indicios investigados, no como una condena judicial.
Las autoridades también consideran que la organización criminal pudo mover más de 80 millones de euros en dos años. La estructura estaría dirigida por una familia formada por tres hermanas, sus hijos y otros parientes. La investigación atribuye al grupo una organización de carácter familiar y una actividad con distintos integrantes, aunque la información publicada no detalla las funciones concretas que habría desempeñado cada uno.
De acuerdo con las pesquisas, la organización recurría a armas, estructuras de apoyo y vehículos blindados para controlar territorios e intimidar a grupos rivales. La PF señaló que su actividad se concentraba en la franja fronteriza entre Ponta Porã, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, y Pedro Juan Caballero, en Paraguay. La actuación del grupo también se habría extendido a otros estados de Brasil.
Los investigadores constataron que las drogas y las armas eran adquiridas en Bolivia, Perú y Paraguay. Según la información de la Policía Federal, esos productos abastecían redes de distribución dentro de Brasil y rutas de tráfico con destino a Europa, sobre todo a España y Portugal. La investigación describe así circuitos de abastecimiento y distribución que conectaban varios países, aunque no ofrece en la información publicada más detalles sobre las rutas específicas ni sobre las cantidades transportadas por cada una.
La operación Ifrit incluyó 76 órdenes de registro e incautación, 25 órdenes de prisión preventiva y una orden de prisión temporal. También se dispusieron tres medidas de vigilancia electrónica y la separación de sus funciones públicas de tres agentes de la Policía Civil. Las órdenes de registro permiten a las autoridades buscar y recoger elementos relacionados con la investigación; las medidas de vigilancia electrónica y las prisiones son actuaciones judiciales distintas, adoptadas en el marco del procedimiento.
La Policía Federal no divulgó la identidad del delegado sospechoso. Su presunta participación forma parte de la investigación sobre el desvío de cocaína y el apoyo que, según las autoridades, algunos agentes de seguridad habrían proporcionado a la organización. La operación se dirige contra la estructura investigada y comprende medidas tanto contra personas sospechosas como contra posibles colaboradores.
