El grupo criminal ultraviolento al que la Policía Federal (PF) brasileña dirigió una operación este miércoles, 4 de noviembre, habría movido más de 80 millones de euros en unos dos años, según la investigación. La organización, vinculada al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Primeiro Grupo Catarinense (PGC), estaba dirigida por tres hermanos y sus hijos. La conversión de los más de 500 millones de reales brasileños atribuidos al grupo equivale aproximadamente a más de 80 millones de euros.
La PF investiga a la organización por tráfico transnacional de drogas, tráfico internacional de armas y blanqueo de capitales. También se le atribuyen delitos violentos, como secuestros, torturas, atentados y homicidios. La investigación busca esclarecer tanto las actividades de tráfico como la estructura que, de acuerdo con las pesquisas, habría permitido sostenerlas y mantener su presencia en la zona.
Un delegado de la Policía Civil de Mato Grosso do Sul (MS) está bajo sospecha de actuar en connivencia con el grupo. Según la investigación, habría desviado una partida de cocaína incautada durante una operación y después habría vendido la droga, cuyo valor se estima en unos 2,4 millones de euros, equivalentes aproximadamente a 15 millones de reales brasileños. Otros agentes policiales son sospechosos de filtrar información y ayudar a las actividades de los delincuentes. Estas actuaciones forman parte de las líneas investigadas y las sospechas deberán esclarecerse en el marco del procedimiento.
Según las pesquisas, la organización recurría a armas, estructuras de apoyo y vehículos blindados para conservar el control territorial e intimidar a grupos rivales. Estos elementos aparecen en la investigación como medios empleados para respaldar la actividad del grupo en las áreas donde operaba.
La PF informó de que la organización actuaba principalmente en la zona fronteriza entre Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul, y Pedro Juan Caballero, en Paraguay. También tenía ramificaciones en otros estados brasileños. La ubicación fronteriza es relevante para la investigación porque, según las autoridades, desde esa región se articulaban movimientos de drogas y armas entre distintos países y redes de distribución.
Las pesquisas señalan que las drogas y las armas se adquirían en Bolivia, Perú y Paraguay. Desde esos países, los productos abastecían redes de distribución en Brasil y rutas de tráfico de estupefacientes hacia Europa, especialmente España y Portugal. La investigación, por tanto, abarca desplazamientos y actividades que atraviesan fronteras nacionales, además de las operaciones atribuidas al grupo dentro de Brasil.
En el marco de la operación se ejecutaron 76 órdenes de registro e incautación, 25 órdenes de prisión preventiva y una orden de prisión temporal. También se decretaron tres medidas de vigilancia electrónica y la suspensión de tres policías civiles de sus funciones públicas. Las órdenes de registro e incautación permiten a los investigadores buscar y recoger elementos relacionados con la causa; las medidas de prisión y vigilancia forman parte de las decisiones adoptadas por las autoridades en el procedimiento. La suspensión de los agentes, por su parte, les aparta temporalmente de sus responsabilidades públicas mientras se investigan los hechos.
