El Ministerio Público de São Paulo (MP-SP) presentó este martes (20) una acción civil pública contra Eduarda Campopiano (PL), diputada estatal electa y actual concejala de Praia Grande, por una publicación considerada transfóbica contra la diputada federal Érika Hilton (PSOL). La Fiscalía solicita que la parlamentaria abone aproximadamente 18.000 euros por daños morales colectivos y sociales, que efectúe una rectificación pública y que participe en un curso sobre inclusión y lucha contra la discriminación.
La acción fue presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos de la Capital y está firmada por el promotor Ricardo Manuel Castro. El proceso cuestiona un mensaje difundido por Eduarda en sus redes sociales tras la divulgación de los resultados de las elecciones de 2026, en el que aludía a la identidad de género de Érika Hilton, que es una mujer trans. “Hola, Érika Hilton. ¿Cómo se siente saber que un hombre biológico nunca ocupará el espacio de la mujer más votada de São Paulo? Jeje”, escribió Campopiano.
Para el Ministerio Público, la publicación no se limitó a una manifestación de rivalidad política. Según la Fiscalía, el mensaje faltó al respeto a la identidad de género de Érika Hilton y contribuyó a reforzar prejuicios contra las personas trans. “El discurso traído por la acusada constituye un verdadero discurso de intolerancia, odio y menosprecio, que genera más prejuicios y refuerza estereotipos”, subraya la Promotoria en su argumentación.
En su evaluación, la Fiscalía advierte que el alcance de la publicación trascendió la situación individual de la diputada federal y afectó colectivamente al conjunto de personas trans. Entre las medidas solicitadas figuran la imposición de una indemnización de unos 18.000 euros por daños morales colectivos y sociales, cuyo importe, de admitirse el pedido, deberá ingresarse en el Fondo Estadual de Defensa de los Intereses Difusos (FID).
Asimismo, se pide que Campopiano publique una rectificación en medios de comunicación de amplia circulación y que la misma decisión judicial sea difundida en la red social donde se originó la publicación controvertida. La Fiscalía considera que esta medida contribuiría a mitigar los efectos de la ofensa y a promover la reparación simbólica frente a la comunidad trans.
Otro de los pedidos plantea que la concejala participe en un curso de formación sobre inclusión social y combate a la discriminación, con especial énfasis en la homotransfobia. La formación, de carácter presencial o virtual, debería tener una carga mínima de 50 horas y abarcar contenidos relacionados con derechos humanos, diversidad de género y mecanismos de protección de grupos vulnerables.
De acuerdo con la acción, Campopiano dispondría de un plazo máximo de un año para presentar al tribunal la documentación que acredite su asistencia y aprovechamiento en dicho curso. En caso de incumplimiento, la Fiscalía propone la imposición de multas diarias que impliquen un incentivo económico a la ejecución de la sentencia.
La demanda también examina la posible aplicación de la inmunidad parlamentaria al caso. Aunque Campopiano fue electa diputada estatal, ocupa actualmente el cargo de concejala en Praia Grande. El Ministerio Público recuerda que la inmunidad legislativa está vinculada a las manifestaciones realizadas en el ejercicio del mandato y no ampara declaraciones que carezcan de relación directa con las tareas legislativas.
En su escrito, la Fiscalía argumenta que la libertad de expresión debe ejercerse dentro de los límites del respeto a la dignidad, la igualdad y la no discriminación. A juicio de la Promotoria, el uso de la identidad de género de Érika Hilton como instrumento de descalificación extralimitó el derecho al debate político y vulneró normas de convivencia democrática.
La acción civil pública aún será analizada por el Poder Judicial. Hasta el momento, los montos de indemnización, la rectificación pública y la participación en el curso formativo constituyen solicitudes formuladas por el Ministerio Público, sin que se trate de obligaciones legales ya impuestas a la parlamentaria.
Contexto adicional
En Brasil, el Ministério Público actúa como defensor de la legalidad y guardián de los derechos colectivos. La acción civil pública está regulada por la Ley nº 7.347/1985 y permite al MP promover demandas en defensa de intereses difusos y colectivos tales como el medio ambiente, el consumidor o los derechos humanos. El Fondo Estadual de Defensa de los Intereses Difusos fue creado para recibir recursos destinados a reparar daños a la colectividad y financiar proyectos de promoción social.
Érika Hilton cobró relevancia en la escena política brasileña al convertirse en la primera mujer trans diputada federal y en una voz destacada en la defensa de los derechos LGBTI+. La controversia desatada por los comentarios de Campopiano se enmarca en un debate más amplio sobre la visibilidad y el reconocimiento de las identidades trans en instituciones representativas.
