
Presunto líder de facción del Cártel de Sinaloa sancionado por EE. UU. (Foto: Instagram)
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una nueva serie de sanciones financieras y diplomáticas que afectan a un líder de facción del Cartel de Sinaloa, así como a un grupo de operadores políticos y redes de lavado de dinero con base en Tijuana y Mexicali. La acción busca interrumpir las rutas de financiación y las conexiones institucionales que sostienen las actividades del referido cartel, uno de los grupos delictivos más activos en la frontera noroeste de México.
El Cartel de Sinaloa, fundado a finales de la década de 1980 en el estado de Sinaloa, ha extendido su influencia a través de complejas estructuras de tráfico de estupefacientes, armas y personas. En su comunicado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) explicó que la medida implica el bloqueo de activos y la prohibición de cualquier transacción financiera que involucre a los individuos sancionados. Además, se impone una restricción de visados, lo que limita la movilidad internacional de los implicados.
Según la información oficial, en Tijuana y Mexicali operan diversos intermediarios designados como “operadores políticos”, quienes facilitan la penetración delictiva en instituciones locales y estatales. Estos actores actúan como enlaces entre el cartel y funcionarios, proporcionando apoyo logístico y blanqueo de dinero mediante empresas de fachada. La sanción contempla asimismo la inclusión de múltiples prestanombres y entidades mercantiles sospechosas de canalizar préstamos y transferencias electrónicas a cuentas offshore.
El enfoque en Tijuana no es casual: esta ciudad fronteriza se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito para el Cartel de Sinaloa hacia Estados Unidos, debido a sus cruces arteríos y puentes internacionales. De forma similar, Mexicali ha registrado un aumento de operaciones de cobro de “derecho de piso” y extorsión, que luego se blanquean con inversiones inmobiliarias y comercio de exportación. Con las nuevas sanciones, las transacciones vinculadas a ambos municipios quedarán sujetas a un riguroso escrutinio bancario, tanto en bancos comerciales como en entidades financieras especializadas.
Este tipo de sanciones forman parte de una estrategia más amplia de EE. UU. para debilitar la capacidad operativa de los cárteles mexicanos. Al bloquear sus fuentes de financiamiento, las autoridades pretenden reducir la violencia asociada al narcotráfico y la corrupción en las zonas fronterizas. Asimismo, se espera que la coordinación con agencias mexicanas de seguridad y justicia refuerce las investigaciones locales, generando detenciones y decomisos adicionales.


