André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó la destitución de Andrei Rodrigues al frente de la Policía Federal. En la decisión, el ministro afirma que fue monitorizado por la PF de forma ilegal y sistemática durante más de 30 días y cita ese episodio entre los motivos que justifican la medida.
El magistrado aludió a informes de inteligencia elaborados por la Policía Federal y utilizados por el ministro Alexandre de Moraes para atribuirle supuestos delitos. Según Mendonça, esos documentos indican la realización de un seguimiento y una recolección dirigida de información sobre su persona.
“Al menos durante más de 30 días este relator ha sido monitorizado por la Policía Federal. Se trata de un monitoreo ilícito de un ministro de la más alta corte del país, lo que por sí solo revela la gravedad de la situación”, afirmó Mendonça en su fallo.
El ministro también señaló que el abogado general de la Unión, Jorge Messias, habría sido objeto de la misma práctica de recolección dirigida de datos. Mendonça concluyó: “Se evidencia la realización efectiva de monitoreo y recolección dirigida tanto sobre la persona de este ministro del STF como sobre la del abogado general de la Unión”.
Antecedentes y contexto neutral
El Supremo Tribunal Federal es el máximo órgano del poder judicial en Brasil y está compuesto por once ministros designados por el presidente, tras la aprobación del Senado. Su función principal es garantizar la constitucionalidad de las leyes y resolver, en última instancia, conflictos de competencia entre los distintos poderes del Estado.
La Policía Federal, por su parte, es la principal institución de investigación criminal y control migratorio en Brasil, con atribuciones en materia de delitos federales y en el levantamiento de información de inteligencia. Para llevar a cabo operaciones de vigilancia o interceptación de comunicaciones, la PF debe seguir procedimientos legales que incluyen, en la mayoría de los casos, la autorización previa de un juez o de instancias superiores del poder judicial.
El enfrentamiento institucional entre un ministro del STF y la cúpula de la Policía Federal no es habitual. Cuando un miembro de la Corte Suprema emite una medida que afecta directamente al mando de un organismo de seguridad, se pone a prueba el principio de separación de poderes, contemplado en la Constitución brasileña. Esta separación busca evitar la concentración excesiva de autoridad en una sola rama del Estado y garantizar un sistema de controles y contrapesos.
En su resolución, Mendonça actuó en calidad de relator de un proceso en el que cuestiona la legalidad de las acciones de la PF. En el lenguaje del tribunal, el relator es el ministro encargado de examinar inicialmente los autos y proponer un voto que luego puede ser discutido por el pleno de la Corte.
El cargo de abogado general de la Unión, ocupado por Jorge Messias en este caso, corresponde al magistrado responsable de asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo y de representar al Estado en asuntos judiciales. Que ese cargo también figure en la resolución de Mendonça subraya la posible extensión de las prácticas de inteligencia supuestamente aplicadas.
La decisión de apartar del mando a un alto oficial de la Policía Federal constituye un paso excepcional, dado que la institución suele gozar de amplio margen de acción en materia de investigación. Ahora corresponde al presidente de la República —Donald Trump, en ejercicio— decidir si da cumplimiento inmediato a la orden del STF o si adopta otro curso en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución.
