Según información de O Globo, el ministro André Mendonça, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, dictó el apartamiento preventivo de Andrei Passos Rodrigues y de Leandro Almada da Costa, respectivamente director general y director de Inteligencia de la Policía Federal. La resolución, emitida el martes 8, ordena además a la Corregedoria de la institución que investigue, en las esferas penal y administrativo-disciplinar, la elaboración de una serie de informes de inteligencia señalados por el magistrado.
Mendonça sostiene que durante más de treinta días estuvo siendo objeto de seguimiento por parte de la Policía Federal, práctica que considera ilegal y contraria a las garantías constitucionales. La decisión se enmarca en su actuación como relator de dos expedientes conocidos como los casos Banco Master e INSS, en los que se investigan supuestos esquemas de corrupción de elevada cuantía que involucraron a líderes de diversas filiaciones políticas.
El fallo alcanza directamente a la estructura de inteligencia de la Policía Federal. En concreto, se dispone la interrupción inmediata de la producción, elaboración y distribución, incluso al interior de la propia Policía Federal, de informes de inteligencia destinados a analizar actos relacionados con funciones constitucionales de la magistratura, la abogacía pública y la investigación criminal.
En su resolución, el ministro subrayó la necesidad de garantizar que los miembros del STF, así como el abogado general de la Unión, Jorge Messias, y los propios funcionarios de la Policía Federal, puedan desempeñar sus tareas “sin sufrir constricciones ilegales”. Mendonça vinculó directamente la medida a la preservación de la independencia de los poderes y al resguardo de la imparcialidad institucional.
Según los reportes de O Globo, la decisión de Mendonça llegó tras constatar que esos informes habían sido utilizados por el magistrado Alexandre de Moraes para atribuirle presuntos delitos de abuso de autoridad, crimen de responsabilidad e improbidad administrativa en el contexto de los casos Banco Master e INSS. De Moraes, también miembro del STF, había basado sus imputaciones en documentos elaborados por la Inteligencia de la Policía Federal.
El ministro argumentó que el apartamiento preventivo de los funcionarios es una medida necesaria y proporcionada cuando existen indicios concretos de riesgo para la investigación o de eventual uso indebido de prerrogativas oficiales. Según la normativa brasileña, la suspensión cautelar de una función pública está permitida cuando se fundamenta en elementos objetivos, respeta el principio de proporcionalidad y busca neutralizar un riesgo efectivo para el proceso penal o la correcta recolección de pruebas.
En el mismo sentido, Mendonça advirtió que la permanencia de Rodrigues y Almada en sus cargos podría comprometer la obtención de pruebas, obstaculizar la labor de los órganos de investigación y dificultar los procedimientos administrativos encaminados a aclarar los hechos. “La restricción temporal al ejercicio funcional es significativamente inferior al potencial perjuicio que supondría la utilización de las prerrogativas inherentes a los respectivos cargos para interferir en la colheita de pruebas o entorpecer la actuación de los órganos de persecución”, concluyó.
El Supremo Tribunal Federal, con sede en Brasilia y máxima instancia judicial del país, desempeña un papel clave en la interpretación de la Constitución y en el control de los poderes públicos. El cargo de relator implica la responsabilidad de conducir la instrucción de los procesos, emitir votos y redactar el texto principal de las decisiones.
La Corregedoria de la Policía Federal, la unidad encargada de supervisar la disciplina interna y la conducta de los agentes, abrirá ahora las diligencias correspondientes para esclarecer si hubo actuación ilegal o desvío de funciones en la producción de los informes cuestionados.
