La presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa, de 39 años, ha sido condenada a muerte por ahorcamiento por un tribunal de El Cairo por su participación en la fabricación y el tráfico de drogas sintéticas. La decisión, que también alcanzó a otros 11 acusados, contó con el parecer favorable del Gran Muftí de Egipto, Nazir Mohammed Ayyad, emitido el sábado 5 de septiembre, aproximadamente un mes después de la condena inicial.
Durante las investigaciones, las autoridades incautaron más de 750 kilogramos de drogas y materias primas en dos apartamentos que, según la acusación, eran utilizados como laboratorios clandestinos. Los investigadores indicaron además que una parte sustancial de los insumos químicos habría sido importada del extranjero, presuntamente desde países vecinos y puertos del Mediterráneo, en un entramado de rutas de contrabando de precursores químicos.
El proceso judicial reunió declaraciones de 20 testigos y pruebas electrónicas, entre ellas conversaciones grabadas y vídeos captados por cámaras de vigilancia. Los acusados también fueron responsabilizados por posesión y porte ilegal de armas y municiones, lo que elevó la gravedad del caso ante la justicia egipcia.
Sarah Khalifa niega las acusaciones. En un testimonio prestado en septiembre de 2025, la presentadora aseguró que nunca había visto drogas antes de ser fotografiada con estupefacientes durante la inspección de las autoridades antidrogas. Su abogado ha informado que planea recurrir la sentencia y que aún cabe la opción de interponer recursos de apelación ante tribunales superiores.
Conocida en Egipto por presentar el popular programa policial “Misión Imposible”, centrado en la cobertura de casos relacionados con la seguridad y la delincuencia, Sarah se encontraba al frente de un espacio con elevada audiencia. Según informó la BBC, en este mismo juicio siete acusados fueron absueltos, mientras que otros nueve recibieron penas de prisión permanente.
En otro proceso paralelo, la presentadora y varios implicados fueron condenados a cinco años de prisión por el secuestro y la agresión de un joven, hechos que tuvieron lugar antes de las investigaciones por narcotráfico.
La legislación egipcia contempla la pena de muerte para delitos como asesinato premeditado, terrorismo, violación y tráfico de drogas. En 2025, se dictaron un total de 541 sentencias de muerte en el país, según datos de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades.
Contexto legal y antecedentes
El derecho penal egipcio establece un procedimiento judicial en varias instancias: los tribunales de primera instancia, la Corte de Casación y la revisión final por parte del Gran Muftí, quien emite un dictamen religioso vinculante antes de la ejecución de condenas capitales. Por lo general, las sentencias se cumplen mediante ahorcamiento, a menos que el Presidente de la República ejerza el indulto o la conmutación de pena.
En los últimos años, Egipto ha reforzado sus operaciones antinarcóticos en colaboración con organizaciones internacionales como Interpol. Los programas de televisión dedicados a la lucha contra el crimen buscan concienciar a la población y mostrar los operativos policiales, aunque en ocasiones se plantean debates sobre la presunción de inocencia y el sensacionalismo mediático.
Las drogas sintéticas, como metanfetaminas y anfetaminas, han experimentado un auge en Oriente Medio. Los laboratorios clandestinos suelen instalarse en zonas urbanas discretas, aprovechando la dificultad de los cuerpos policiales para controlar toda la cadena de suministro de precursores químicos. Las autoridades egipcias afirman que gran parte de esas sustancias entra por rutas marítimas y terrestres desde puertos internacionales, lo que subraya la complejidad del crimen transnacional.
En este contexto, el caso de Sarah Khalifa adquiere relevancia por su condición de figura mediática. La presentadora, que durante años mostró procedimientos policiales en televisión, se ve ahora al otro lado de la ley, lo que ha despertado un amplio interés tanto dentro como fuera de Egipto. Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han criticado el uso de la pena de muerte en delitos de drogas y han pedido garantías de un juicio justo y transparente.
