Marlene Vidal, de 34 años, está detenida y es acusada por las muertes de sus hijos Aleeza, de 6 años, y Adrian, de 5, hallados dentro de un Hyundai blanco incendiado en West Side. La mujer permanece retenida bajo una fianza superior a 1,86 millones de euros, mientras que familiares aseguran haber alertado a las autoridades sobre un empeoramiento de su estado de salud mental en los meses previos al suceso.
La tragedia se descubrió la mañana del viernes, después de que la amiga de la acusada, Lucy Ruiz, relatara haber pasado la noche anterior con Marlene y sus dos hijos. Ruiz afirma que vio a Aleeza sonreír, jugar y probarse pelucas en una tienda cercana al domicilio de la familia. “No podía dormir, solo pensaba en esos pobres niños. Vi a la niña feliz, sonriendo, y parte el alma de cualquiera”, declaró.
Según el testimonio de Ruiz, en un momento Marlene colocó a su hija frente a un espejo y le dijo: “Repite conmigo: soy bonita, soy digna, soy fuerte”, y la pequeña repitió las palabras sin mostrar extrañeza. Después, Ruiz asegura que la madre expresó temor a estar siendo seguida por personas vinculadas al servicio de protección infantil —conocido en Estados Unidos como CPS— y afirmó que creía que la agencia investigadora quería apartar a los hijos de su custodia.
Familiares indican que Adrian, el hermano de Aleeza, era autista y no verbal. Ruiz describió que el niño tenía dificultades para mantenerse tranquilo durante la visita a la tienda de pelucas, algo que preocupaba a la madre y al entorno familiar.
A la mañana siguiente, la policía encontró el vehículo completamente incendiado y, en su interior, los cuerpos sin vida de los dos menores. Las autoridades detuvieron a Marlene Vidal, quien fue acusada formalmente de homicidio de dos menores. Los investigadores establecieron un cordón perimetral en la zona de West Side y procedieron a recabar pruebas forenses para determinar con exactitud la causa y el momento de la muerte de los niños.
El San Antonio Express-News informó que allegados de la familia habían presentado varias denuncias ante CPS durante casi un año, advirtiendo un deterioro progresivo de la salud mental de Marlene y el riesgo que ello suponía para los menores. Algunos de esos informes habrían catalogado el caso como “prioridad uno”, dadas las edades de los niños y las particularidades del desarrollo de Adrian.
Carrie Wilcoxon, consultora de casos de CPS, comentó: “Si la familia realmente realizó una denuncia formal, este caso debería haberse tratado como de máxima urgencia. Una menor no verbal, mentalmente vulnerable y antecedentes de preocupación deben activar un protocolo inmediato. Me pregunto qué hizo el departamento en esas 24 horas posteriores al aviso: si intentaron localizar a la familia, si disponían de datos de contacto o si siquiera llevaron a cabo un seguimiento”.
Contexto sobre el caso Lindsay Clancy:
El suceso ha sido relacionado con la “fiebre Lindsay Clancy”, término mediático que alude a un caso previo ocurrido en Massachusetts en 2023. En ese episodio, Lindsay Clancy, madre de tres hijos, fue acusada de matar a su bebé de seis meses y herir gravemente a su otra hija en un ataque atribuido a un cuadro severo de depresión posparto. El impacto de aquel caso desencadenó un debate nacional en Estados Unidos sobre la detección precoz de trastornos psiquiátricos en madres recientes y la mejora de los protocolos de protección infantil.
Protección infantil en EE. UU.:
En Estados Unidos, el Child Protective Services (CPS) es la agencia encargada de investigar denuncias de maltrato o negligencia infantil. Cada estado cuenta con su propio organismo y sistema de financiación, pero todos siguen pautas federales que requieren clasificar el nivel de riesgo y priorizar la intervención. Las alertas catalogadas como de “prioridad uno” exigen respuestas inmediatas, incluyendo visitas domiciliarias en menos de 24 horas, mientras que casos de menor gravedad pueden demorar varias jornadas.
Este nuevo caso en West Side reaviva la discusión sobre la eficacia de los mecanismos de alerta y la coordinación entre familias y autoridades para proteger a los menores, especialmente cuando existen señales de alarma sobre la salud mental de los progenitores.
