De acuerdo con información del portal Bacci, el informe del Instituto Médico Legal (IML) concluyó que Gustavo Veloso Feitosa, de 3 años, falleció a consecuencia de múltiples agresiones y abuso. El niño fue hallado el pasado lunes 3 de agosto en una vivienda de la zona norte de Palmas (Tocantins), después de que su padre, el abogado Igor Gustavo Veloso de Souza, se presentase ante la Policía Civil alegando que la criatura había muerto por un supuesto ahogamiento en la piscina.
El documento pericial señala que la muerte se produjo con “crueldad, insensibilidad, indiferencia y multiplicidad de lesiones”, hechos que corroboran las declaraciones previas de Eduardo Godinho, director del IML. Según el informe, el menor presentaba hemorragia interna, marcas de agresión en el rostro y una laceración intestinal, sin que se detectaran indicios compatibles con ahogamiento.
Tras la emisión del laudo, la Policía Civil de Tocantins solicitó, el miércoles 5 de agosto, la prisión preventiva del progenitor, el abogado Igor Gustavo, y de su compañera, Kathellen Moreira, madrasta de Gustavo. La petición de detención fue formalizada ante el Poder Judicial a medida que avanzaban las indagaciones y se acumulaba evidencia forense sobre el caso.
El Instituto Médico Legal (IML) es el organismo responsable en Brasil de efectuar los estudios forenses y emitir dictámenes sobre causas de muerte, lesiones y criminalística. Integrado por médicos legistas, técnicos en criminalística y peritos especializados, el IML realiza necropsias, exámenes de lesiones y estudios de sustancias tóxicas con el fin de esclarecer hechos ilícitos y servir como prueba ante la Justicia. Los informes de este instituto suelen ser determinantes para el procedimiento penal y para la adopción de medidas cautelares, como la prisión preventiva.
En el sistema jurídico brasileño, la prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica cuando existen indicios sólidos de autoría y materialidad del delito, riesgo de fuga, obstrucción a la investigación o peligro para la integridad de la víctima o de la sociedad. A diferencia de la prisión provisional, la preventiva no tiene plazo máximo y se mantiene hasta que la causa se resuelva en el juicio. Su fin es garantizar el desarrollo del proceso penal y la seguridad pública.
Palmas, capital de Tocantins, es una ciudad relativamente joven –fundada en 1989– y diseñada para funcionar como sede administrativa del estado. A pesar de sus áreas planificadas y su desarrollo económico, la localidad ha registrado en los últimos años casos de violencia doméstica y muertes infantiles que han conmocionado a la opinión pública. Los organismos de protección al menor, las autoridades policiales y los servicios sociales vienen reforzando protocolos de inspección y denuncia ante sospechas de maltrato, con el objetivo de prevenir tragedias similares.
El abuso infantil está tipificado en la legislación brasileña como delito grave, y el Estatuto de la Criança e do Adolescente (ECA) establece sanciones que pueden llegar a varios años de reclusión. Los casos de agresiones que conducen al fallecimiento de menores se sancionan de forma más severa, pues se consideran homicidio cualificado por motivo fútil o cruel, según el Código Penal. Las investigaciones de este tipo combinan peritajes forenses, análisis de la escena, entrevistas a testigos y examen de antecedentes de los involucrados.
Tras la conclusión del informe forense, la investigación judicial continuará con la recolección de testimonios, la evaluación de posibles registros de llamadas o imágenes de cámaras de seguridad y la comparecencia de testigos y familiares. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Civil, deberá presentar la acusación formal en base a las pruebas reunidas. El caso de Gustavo Veloso Feitosa permanece bajo secreto de sumario mientras se determina la responsabilidad penal del padre y la madrasta, y se esclarecen las circunstancias exactas que derivaron en tan lamentable desenlace.
