Eduardo Tagliaferro, exasesor del ministro Alexandre de Moraes en el Tribunal Superior Electoral (TSE), ha sido designado por un juez de Minas Gerais para verificar la autenticidad de un audio utilizado por un sindicato de jubilados para justificar descuentos en la prestación de un beneficiario.
La decisión fue firmada por el juez José Hélio da Silva, de la 1.ª Vara Cível de Pouso Alegre (MG), quien nombró a Tagliaferro como perito judicial para analizar una grabación en la que una operadora ofrece el servicio a un jubilado por teléfono.
El descuento se realiza a través del Sindicato Nacional de los Jubilados, Pensionistas y Mayores de la Unión General de los Trabajadores (Sindiapi-UGT), una de las entidades señaladas por la Advocacia-Geral da União (AGU) para reclamar el reembolso de cantidades deducidas indebidamente en prestaciones del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
Según la resolución, la misión de Tagliaferro será llevar a cabo una pericia técnica en el archivo aportado por el sindicato, en el que el jubilado aparece aceptando la retención. En la grabación, obtenida por esta redacción, se escucha el diálogo entre el beneficiario y la operadora de Sindiapi-UGT, quien describe la asociación al colectivo, detalla las ventajas y, en varios momentos de la llamada, se dirige al interlocutor con expresiones de cercanía como “mi amor” y “mi cielo”.
La operadora informa que la cuota de adhesión asciende a 40,75 reales brasileños (aprox. 7,35 €) mensuales, confirma datos personales del jubilado —como CPF, número del beneficio y dirección— y pregunta si acepta el uso de esa información para activar los servicios ofrecidos. Al final de la grabación, el beneficiario responde a la pregunta sobre la inscripción al sindicato con un “Sí, confirmo”.
No obstante, la defensa del jubilado impugna la validez de esa autorización y sostiene que los descuentos son indebidos. En la demanda, además, se cuestiona la autenticidad de la grabación aportada por el Sindiapi-UGT, motivo por el cual se solicitó la realización de una pericia forense.
El trabajo de análisis de Tagliaferro incluirá la evaluación de la integridad del archivo de audio, la comprobación de la cadena de custodia y la detección de eventuales alteraciones o manipulaciones mediante métodos de informática forense. En Brasil, la figura del perito judicial se emplea para aportar al proceso elementos técnicos que permitan al juez tomar una decisión fundamentada, especialmente en casos que requieren conocimientos especializados en ingeniería de sonido y en protocolos de grabación y almacenamiento digital.
Tagliaferro, sin embargo, se encuentra en Italia desde abril del año pasado y es acusado en un procedimiento ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por el supuesto filtrado de mensajes confidenciales del gabinete de Moraes, cuando este ejercía la presidencia del TSE. Sobre él pesa un mandato de prisión emitido por el propio ministro Alexandre de Moraes. De asumir este encargo, podría percibir honorarios como perito digital.
La redacción no ha logrado contactar a Tagliaferro para conocer su disposición o posibles limitaciones para cumplir con la pericia encomendada.
Además de este caso, en junio pasado Tagliaferro fue designado para actuar en una acción relacionada con una contratación bancaria con Itaú. En ese procedimiento del estado de Paraná, su nombre aparece como perito habilitado para verificar la autenticidad de una firma electrónica y de una contratación digital atribuida a un cliente, que impugna un supuesto débito. Tras la difusión de aquel expediente, el corregedor nacional de Justicia, ministro Mauro Campbell, citó a la jueza que lo nombró para aclarar las circunstancias de la designación.
Como práctica habitual en el sistema judicial brasileño, los peritos independientes aportan informes detallados sobre las pruebas técnicas, contribuyendo a garantizar la imparcialidad y la transparencia en la resolución de litigios donde se ventilan cuestiones de gran complejidad tecnológica.
