El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, puede perder el cargo si no regresa al país en los próximos cinco días. El magistrado, de 38 años, aseguró que salió de Bolivia tras recibir amenazas de muerte y temer por la seguridad de su familia. Está siendo investigado en una causa penal y la Fiscalía ha ordenado su detención.
El jueves 5 de noviembre, el Tribunal Supremo decidió esperar seis días a que Saucedo se presente antes de valorar la elección de un nuevo presidente. Durante ese periodo, la decana del tribunal, Rosmery Ruiz, asumirá temporalmente las funciones. La decisión establece, por tanto, un plazo para que el magistrado comparezca antes de que se estudie quién ocupará la presidencia de la institución.
**EL MAGISTRADO AFIRMA SER VÍCTIMA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA**
Saucedo sostiene que es víctima de persecución política por parte del Gobierno del presidente de centro derecha Rodrigo Paz. En una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter, afirmó que teme que lo detengan o lo asesinen por cuestionar intereses políticos en el país.
El magistrado aludió a la muerte de Víctor Hugo Claure, integrante del Tribunal Agroambiental que fue asesinado a tiros en Santa Cruz en abril de este año. Según Saucedo, su colega murió por oponerse a los intereses de personas implicadas en corrupción. «No quiero que me pase lo mismo, por eso prefiero irme», escribió.
Aunque afirma que ha salido del país, las autoridades todavía no han confirmado que haya cruzado la frontera. El fiscal general interino, José Armando Urioste, señaló que los registros migratorios indican que el juez entró en Bolivia el martes 3 de noviembre, pero no reflejan una salida posterior. La sospecha es que pudo haber cruzado la frontera por vía terrestre. Por ahora, la información disponible no permite confirmar oficialmente dónde se encuentra.
**INVESTIGACIÓN PENAL**
La Fiscalía boliviana informó de que el miércoles 4 de noviembre emitió una orden de detención contra Saucedo por los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación criminal.
Urioste no especificó cuál sería la posible participación del magistrado en esos delitos. Según explicó, la investigación se tramita bajo secreto y cuenta con la colaboración de testigos protegidos. El fiscal también anunció que solicitará a Interpol la emisión de una alerta roja para localizar al juez.
Saucedo niega que haya procedimientos penales en curso contra él y afirma que regresará a Bolivia cuando estén garantizadas su seguridad y la de sus familiares. También ha declarado que no ha renunciado a la presidencia del Tribunal Supremo. Sus afirmaciones y las de la Fiscalía presentan versiones distintas sobre la situación del magistrado, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.
**EL CASO DE ROGER MARIACA**
La investigación contra Saucedo se produce en un contexto de varias operaciones contra integrantes del sistema judicial boliviano. Desde octubre, las autoridades han detenido a funcionarios de alto rango sospechosos de estar relacionados con el tráfico de drogas.
Entre ellos figura el exfiscal general Roger Mariaca, detenido después de que Estados Unidos cancelara su visado y el de otros funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. El Gobierno estadounidense acusa a Mariaca de recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia.
El viceministro del Interior de Bolivia, Peter Maldonado, relacionó el caso con la salida de Saucedo. Según declaró, personas vinculadas al exfiscal y a la delincuencia también estarían abandonando el país. El miércoles, el presidente Rodrigo Paz afirmó que la salida del magistrado está relacionada con las investigaciones sobre el sistema judicial boliviano.
Saucedo asumió la presidencia del Tribunal Supremo en enero de 2025 y respaldaba iniciativas del Gobierno destinadas a ampliar la transparencia de las instituciones. La situación de su cargo, la orden de detención y la investigación penal son cuestiones distintas que se encuentran actualmente en desarrollo: el tribunal ha fijado un plazo para su presentación, mientras que la Fiscalía busca localizarlo y determinar su posible relación con los delitos investigados.
