La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves, 5 de noviembre, la apertura de un proceso de destitución contra el presidente Santiago Peña. La decisión fue unánime: los 78 diputados presentes votaron a favor de iniciar el procedimiento.
La solicitud será remitida al Senado, que deberá decidir si la aprueba o la rechaza. Para que prospere, se necesitan los votos favorables de dos tercios de los senadores. Por tanto, la votación de la Cámara de Diputados da comienzo al proceso, pero no supone por sí misma la destitución del presidente. La decisión definitiva corresponde al Senado, de acuerdo con el trámite descrito en la solicitud.
La aprobación se produjo incluso después de que Peña presentara una solicitud de renuncia al cargo. El texto no detalla el alcance ni el estado de esa petición. Los parlamentarios también decidieron no abrir un proceso de destitución contra el vicepresidente, Pedro Alianna. Si Peña fuera apartado de la Presidencia, Alianna asumiría el cargo.
La última destitución de un presidente paraguayo mediante un proceso de este tipo tuvo lugar en 2012, cuando Fernando Lugo fue apartado del cargo. Ese antecedente sitúa la decisión actual en un contexto político excepcional para el país, aunque el procedimiento de 2026 todavía debe pasar por la consideración del Senado.
La petición contra Peña fue presentada por un grupo de 35 diputados tras la crisis bancaria y la disolución del Banco Ueno, descrito como el mayor banco digital de Paraguay. La entidad mantenía recursos públicos paraguayos, incluidos fondos de la previsión social. La situación ha tenido especial repercusión para el presidente porque fue accionista de Ueno Holding, el grupo que controlaba el banco, hasta 2025.
Los diputados que promovieron el pedido acusan a Peña de haber modificado leyes y permitido que se concentrara un volumen elevado de garantías del Instituto de Previsión Social (IPS) en el Banco Ueno. Estas afirmaciones forman parte de los motivos expuestos por los legisladores para solicitar la apertura del proceso. La votación de la Cámara autorizó que la petición avance a la siguiente etapa, pero no determina por sí sola la responsabilidad del presidente respecto de las acusaciones.
El Banco Central de Paraguay disolvió Ueno el martes 3 de noviembre, después de que la solvencia de la institución cayera por debajo de la mitad del nivel exigido. El banco está siendo investigado y ocho de sus directivos han sido detenidos. La Fiscalía paraguaya acusa a la entidad de manipular su situación patrimonial y de mantener presuntamente un esquema de contratos con empresas vinculadas a sus controladores.
La crisis bancaria y las decisiones relacionadas con los fondos públicos constituyen el contexto de la iniciativa parlamentaria. En adelante, el Senado tendrá que pronunciarse sobre la solicitud: necesita reunir dos tercios de los votos para aprobarla o puede rechazarla. Hasta que esa cámara adopte una decisión, la apertura acordada por los diputados no equivale a una destitución de Santiago Peña.
