Datos compartidos por la Policía de Israel con la Policía Federal brasileña (PF) apuntaron a la existencia de una presunta organización criminal transnacional con sede en Brasil. El grupo es sospechoso de reclutar a mujeres brasileñas para someterlas a explotación sexual en el extranjero. La operación contra los investigados se llevó a cabo este jueves, 5 de noviembre. La Justicia ordenó bloquear activos por valor de 10 millones de reales brasileños, equivalentes a aproximadamente 1,5 millones de euros.
Los integrantes de la organización también son sospechosos de facilitar la entrada irregular de las mujeres en otros países y de quedarse con parte de las cantidades obtenidas mediante la actividad. Estas sospechas forman parte de la investigación y no equivalen, por sí solas, a una declaración judicial de culpabilidad. La información disponible no detalla cuántas mujeres podrían estar afectadas ni identifica a las personas investigadas.
La operación, denominada Dirty Dancing, incluyó el cumplimiento de una orden de prisión preventiva y dos órdenes de registro y confiscación en Ananindeua, en el estado de Pará. También se ejecutó otra orden de registro y confiscación en Goiânia, en el estado de Goiás. Las actuaciones se desarrollaron, por tanto, en dos municipios brasileños, aunque la investigación se refiere a una presunta actividad con dimensión internacional.
La cooperación entre la Policía de Israel y la Policía Federal de Brasil fue el punto de partida de los datos que señalaron la posible existencia del grupo. La información compartida entre ambos cuerpos permitió poner en conocimiento de las autoridades brasileñas las sospechas sobre el reclutamiento de mujeres y su posible traslado al extranjero. El material disponible no especifica cuándo comenzó ese intercambio ni qué pruebas concretas fueron aportadas.
Las medidas judiciales comunicadas tienen alcances distintos. La prisión preventiva se dirige contra una persona investigada, mientras que los registros y las confiscaciones permiten a las autoridades intervenir en los lugares indicados por las órdenes judiciales. El bloqueo de activos, por su parte, limita la disponibilidad de los bienes o fondos afectados por la decisión. La cifra señalada por la Justicia es de 10 millones de reales, pero la información publicada no aclara a quién pertenecen los activos ni si el importe corresponde a dinero localizado, a bienes valorados en esa suma o a un límite fijado para la medida.
La investigación trata de comprobar si existió una estructura organizada para captar a mujeres brasileñas, facilitar su entrada irregular en otros países y obtener una parte de los ingresos asociados a la explotación sexual. Esos elementos aparecen como sospechas atribuidas al grupo investigado. No se han ofrecido detalles sobre los métodos de captación, el itinerario de las mujeres, el periodo en el que habrían ocurrido los hechos o los países implicados, aparte de la referencia a Israel en el titular de la noticia.
La operación Dirty Dancing se suma a las diligencias abiertas a partir de la información policial compartida entre los dos países. Por ahora, los datos comunicados se limitan a la hipótesis investigada, las medidas ordenadas y las ciudades brasileñas en las que se llevaron a cabo registros. No se ha informado de otros arrestos ni del resultado de las actuaciones realizadas en los inmuebles. La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de las personas implicadas y aclarar si las sospechas sobre el reclutamiento, el traslado irregular y la explotación sexual quedan acreditadas.
