Después de que el pleno del Senado Federal aprobara este martes (3 de noviembre) la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara la división del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) en dos carteras, con la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a la Seguridad Pública.
La creación del Ministerio de Seguridad Pública es una de las prioridades de Lula y una promesa de campaña de su actual mandato. El presidente, sin embargo, condicionó la puesta en marcha de la nueva cartera a la aprobación de la PEC de Seguridad por parte del Congreso Nacional. En varias ocasiones afirmó que crearía el ministerio «de inmediato» una vez aprobado el texto.
La noche del martes, al celebrar en las redes sociales la aprobación de la PEC de Seguridad, Lula volvió a decir que creará el ministerio. Se espera que el presidente firme este mismo mes una medida provisional (MP) para instituir la nueva cartera. Su formalización, no obstante, depende de que el Senado promulgue la PEC.
Tras la aprobación del texto, corresponde al presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Unión-AP), y no a Lula, formalizar la promulgación. Para ello, debe convocar una sesión solemne conjunta de la Cámara de los Diputados y el Senado. A diferencia de los proyectos de ley ordinarios, las propuestas de enmienda constitucional no se someten a la sanción ni al veto del presidente de la República.
Desde el comienzo de su mandato, Lula había mostrado reservas sobre la creación de un ministerio exclusivo para esta área. Entre los obstáculos que señaló se encontraban la definición de las competencias de la Unión en materia de seguridad pública, la garantía de recursos y el coste político de la iniciativa. Según el presidente, la falta de claridad sobre el papel del Gobierno federal —uno de los aspectos que la PEC pretende regular— era uno de los principales impedimentos.
Con la aprobación de la PEC y el aumento del debate público sobre seguridad, el Gobierno federal considera que ahora existen las condiciones para crear la nueva cartera.
**Organización interna**
Los integrantes del MJSP ya están preparados para la división del ministerio en dos estructuras. En principio, los funcionarios de la cartera se repartirán entre ambos ministerios, sin que sea necesario aumentar el presupuesto público para crear nuevos puestos, salvo el de un ministro adicional.
La estrategia se ajusta a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esta norma, aplicable a la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, prohíbe las medidas que aumenten el gasto público en personal durante los 180 días anteriores al final del mandato de quien encabeza el poder correspondiente. Ese periodo terminó en julio.
Por tanto, si la creación del ministerio dependiera, por ejemplo, de abrir nuevos puestos, la operación podría verse perjudicada. También habrá que debatir el presupuesto de la nueva cartera. Colaboradores del presidente consideran que, aunque el Ministerio de Seguridad Pública se cree este año, los detalles sobre la asignación presupuestaria de la estructura probablemente no se definirán hasta el año que viene.
**Posibles candidatos**
El fiscal y miembro del Ministerio Público del Estado de São Paulo Lincoln Gakiya es considerado el principal candidato para dirigir el futuro Ministerio de Seguridad Pública. Lula ya ha tanteado su disponibilidad para el cargo y es el favorito del presidente para asumir esa función.
Gakiya es una de las figuras más conocidas del país en la lucha contra el Primeiro Comando da Capital (PCC). La falta de experiencia política es el principal obstáculo para el fiscal. Una posibilidad sería nombrarlo este año y, en el nuevo mandato de 2027, dar cabida en la nueva cartera a un aliado del presidente.
Si el fiscal no acepta la invitación, el elegido sería probablemente Chico Lucas, actual secretario nacional de Seguridad Pública del MJSP.
En cuanto al Ministerio de Justicia, todavía no se ha decidido si el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington Lima e Silva, continuará en el cargo el año que viene. Según sus colaboradores, el ministro está interesado en seguir al frente de la cartera.
Aun así, varios aliados cercanos de Lula, incluidos miembros del propio PT, se han quedado sin mandato o han optado por no presentarse a las elecciones para apoyar el proyecto de reelección del presidente.
**Qué establece la PEC de Seguridad Pública**
La PEC incorpora a la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) y amplía la actuación de la Unión en materia de seguridad pública, actualmente limitada a los estados. El texto aumenta las competencias de la Policía Federal y de la Policía Federal de Carreteras en la lucha contra las facciones criminales y endurece el trato dispensado a los dirigentes de organizaciones delictivas.
La propuesta también amplía el reparto de los recursos de los fondos entre las entidades federativas y los municipios. Según el texto, la Unión deberá transferir a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos el 50 % de los recursos de cada fondo, incluso cuando no exista un convenio.
Además, la PEC abre la vía a la creación de policías municipales dedicadas a la vigilancia ostensiva y comunitaria. También autoriza a la Unión, a los estados y al Distrito Federal a aprobar leyes sobre el sector, incluso para crear equipos conjuntos entre distintos gobiernos, organizar las policías y las guardias municipales y establecer el funcionamiento del sistema socioeducativo.
**Desacuerdos y aprobación**
El Gobierno de Lula pretendía aprobar la PEC de Seguridad antes de las elecciones de este año, para que la propuesta pudiera utilizarse como baza electoral. La votación estaba prevista para la semana de la segunda vuelta, pero se aplazó por falta de acuerdo sobre dos enmiendas relativas a la reducción de la edad de responsabilidad penal.
En vísperas de la votación, el senador Camilo Santana (PT-CE) presentó una enmienda que proponía rebajar esa edad de 18 a 16 años en casos de delitos atroces, como homicidio, violación y tortura. La presentó bajo la presión de la oposición. El líder de la oposición en el Senado, Rogério Marinho (PL-RN), había propuesto reducir la edad a 16 años para delitos comunes y a 14 para delitos atroces, como violación, organización criminal y tráfico de drogas, en un intento de bloquear la votación del texto del Gobierno.
Tras la reacción de Camilo Santana, el PL elevó la presión. El líder del partido en el Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), presentó una petición para que la enmienda del senador del PT se votara por separado, lo que, en la práctica, habría colocado al Gobierno en una situación difícil.
Para evitar nuevos retrasos en la tramitación, el Gobierno impulsó la aprobación de la PEC sin incluir en el informe el debate sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal. La estrategia pretendía impedir que el texto tuviera que volver a la Cámara de los Diputados y garantizar que se votara en los términos aprobados por esa cámara en marzo.
Cualquier modificación sustancial del texto habría obligado a devolver la PEC a la Cámara para su análisis, lo que habría retrasado la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la aplicación de las demás medidas previstas en la propuesta. Finalmente, la PEC fue aprobada en dos votaciones y el debate sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal quedó aplazado.
