El fiscal Lincoln Gakiya, del Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP), afirmó este martes 3 de noviembre que aceptaría ser ministro de Seguridad Pública en el Gobierno de Lula si recibiera una invitación. Sin embargo, precisó que todavía no se han puesto en contacto con él para ofrecerle el cargo.
«No he recibido ninguna invitación. Pero, por supuesto, si la recibiera, sería un honor servir a Brasil», declaró Gakiya. El fiscal es responsable de algunas de las principales investigaciones sobre el PCC y lleva años amenazado de muerte por la facción. Por este motivo, vive bajo un amplio dispositivo de seguridad.
La posibilidad de crear un Ministerio de Seguridad Pública volvió a cobrar relevancia este martes después de que el Senado Federal aprobara, en dos votaciones, la llamada Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública, presentada por el Gobierno de Lula, del Partido de los Trabajadores (PT). La iniciativa obtuvo 73 votos favorables en la primera ronda y 75 en la segunda, sin votos en contra.
El siguiente paso previsto es la promulgación de la propuesta por parte del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, de Unión Brasil por Amapá. La aprobación de la PEC permite avanzar en la posible creación de una cartera específica para Seguridad Pública, una medida que Lula defendió durante la campaña electoral de este año. La aprobación de la enmienda, por tanto, abre la vía para seguir adelante con esa posibilidad, aunque el texto no indica que el nombramiento de Gakiya esté decidido ni que haya recibido una oferta.
En la actualidad, la Constitución brasileña establece que la seguridad pública es responsabilidad de los gobiernos estatales. La PEC aprobada por el Senado amplía las competencias del Gobierno federal para que pueda actuar también en este ámbito. El cambio afecta al reparto de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno y se enmarca en la discusión sobre cómo organizar la actuación pública en materia de seguridad.
Actualmente, el Gobierno federal aborda estos asuntos a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Además de ocuparse de la seguridad pública y de la lucha contra el delito, ese ministerio tiene competencias en otras materias. Entre ellas figuran los derechos de los consumidores, las cuestiones relacionadas con las personas refugiadas e inmigrantes, la cooperación internacional y la demarcación de tierras indígenas.
La eventual creación de un Ministerio de Seguridad Pública supondría que esa materia contara con una cartera propia, en lugar de permanecer dentro del ministerio que actualmente reúne las funciones de Justicia y Seguridad Pública. La PEC contempla ampliar la capacidad federal de actuación, mientras que la definición de la estructura ministerial y de quién la dirigiría dependería de las decisiones correspondientes del Gobierno.
Por ahora, Gakiya ha expresado que aceptaría el puesto si recibiera una invitación, pero ha señalado que no ha sido contactado. La noticia de su posible disposición coincide con la aprobación de la propuesta constitucional en el Senado y con el avance de la iniciativa que podría hacer posible la creación de la cartera.
