Una residente de la urbanización Alto da Boa Vista, en Sobradinho (DF), mantiene desde 2022 una disputa judicial para impedir la construcción de un carril bici junto a su vivienda. Afirma que las excavaciones realizadas a 30 centímetros de la casa durante unas obras de infraestructura provocaron grietas en las paredes y el suelo.
El carril bici está previsto en una zona de Preservación Permanente (APP), junto a la vivienda y en la parte trasera. En julio de 2025, la residente obtuvo una resolución favorable en primera instancia, que prohibió la obra en ese tramo. Sin embargo, en octubre de este año, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios (TJDFT) revocó la sentencia y autorizó la construcción.
En un comunicado, la administración de la urbanización Alto da Boa Vista declaró que el carril bici forma parte del proyecto de urbanización y movilidad del complejo desde 2011. Según la administración, la iniciativa busca mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los residentes.
La mujer cuenta que compró la parcela en 2019 y que, antes de completar la operación, contrató a profesionales para analizar los proyectos de la urbanización y comprobar si estaba prevista alguna construcción cerca de la casa. La vivienda se encuentra en la última parcela de la calle, con el lateral derecho y la parte trasera orientados hacia una zona de preservación ambiental.
Según la residente, los mapas disponibles en aquel momento mostraban un carril bici alrededor de la urbanización, pero el recorrido terminaba al llegar a la reserva. Dice que pagó la parcela al contado por la privacidad y las vistas permanentes a la zona protegida. También afirma que comprobó la situación legal y ambiental de la urbanización para asegurarse de que no se construiría nada delante de la vivienda. Su abogado, añade, le informó de que los proyectos aprobados por las autoridades y por el equipo de ingeniería de la urbanización no contemplaban obras en ese lugar.
Por ese motivo, construyó una casa con paredes de cristal orientadas hacia la reserva. En mayo de 2022, sin embargo, observó movimientos de tierra junto a la vivienda y los trabajadores le dijeron que allí se construiría un carril bici. Al consultar a la administración, primero le indicaron que no había ninguna obra prevista en ese tramo. Unos días después, el presidente de la comunidad confirmó que el proyecto existía.
La residente afirma que intentó llegar a un acuerdo con la urbanización y que envió una carta abierta a los vecinos para explicar la situación y comunicar que acudiría a la Justicia. Según ella, no era la primera vez que la urbanización modificaba el proyecto inicial sin la aprobación de los residentes ni la primera ocasión en la que recibía una multa por construcciones ilegales.
La mujer sostiene que las excavaciones se hicieron a unos 30 centímetros del límite de la parcela. Tras las intervenciones, aparecieron grietas en las paredes y el suelo de la casa, además de señales de movimiento del terreno. La obra se detuvo frente a la vivienda y, según relata, solo se realizaron las intervenciones de infraestructura que ya conocía, como el drenaje de aguas pluviales y la instalación de alumbrado. Afirma que esos servicios quedaron enterrados y que las excavaciones, realizadas sin las precauciones necesarias, causaron los daños.
Un informe técnico detectó fisuras en la vivienda y en el muro divisorio, además de una grieta de aproximadamente tres milímetros en la pared de la terraza, que llegaba hasta el suelo. El documento también señala la urgencia de adoptar medidas para prevenir la erosión en la zona de las obras. Según el informe, el problema podría alcanzar dimensiones imprevisibles, afectar a las redes ya instaladas, dañar el muro e incluso poner en riesgo la casa.
La residente afirma que el carril bici también perjudicaría la privacidad y la seguridad de su familia, ya que la vivienda se diseñó para integrarse en la zona protegida. Explica que la casa se construyó sin nivelar el terreno, siguiendo el relieve natural de la parcela, y que desde el suelo se puede ver lo que sucede en su interior. Casi la mitad de la vivienda, asegura, tiene paredes de cristal orientadas hacia la reserva.
Añade que el carril bici podría recibir a 10.000 residentes de una urbanización abierta a la entrada de cualquier persona. Según su relato, para acceder bastaría con decir que se va a los comercios, registrarse y entrar. A su juicio, el tránsito de personas obligaría a realizar cambios en la estructura de la casa, como levantar muros para impedir que se viera el interior. También expresa preocupación por su seguridad y la de su hijo pequeño.
La mujer sostiene que el trazado original se modificó sin que el asunto se llevara a una asamblea. Según afirma, los vecinos no pudieron votar la modificación, los nuevos mapas no se difundieron ni se registraron ante organismos públicos y tampoco había una licencia ambiental.
Durante el proceso judicial, un peritaje encontró diferencias entre el proyecto original de la urbanización y una versión posterior. El trazado inicial preveía 6,55 kilómetros de carril bici y no atravesaba la zona de preservación. El nuevo recorrido se amplió a 10,63 kilómetros e incorporó tramos dentro del APP.
La residente considera que los propietarios deben poder decidir colectivamente sobre las obras que se aparten del trazado original, en el que se basaron más de 2.000 personas al comprar sus parcelas. A su entender, es posible introducir cambios siempre que los apruebe la comunidad.
En octubre de este año, la primera Sala Civil del TJDFT modificó la sentencia y autorizó la construcción. Los jueces consideraron que la obra constituye una mejora útil porque contribuye a la movilidad de los residentes y validaron la aprobación de una cuota extraordinaria en una asamblea. En la resolución señalaron que el hecho de que el carril bici no estuviera previsto cuando se adquirió la vivienda no permite a la residente impedir modificaciones en espacios colectivos y zonas comunes.
El tribunal también indicó que las obras y los cambios en las viviendas deben ajustarse a las normas establecidas por la urbanización, respetar las condiciones ambientales necesarias y tener en cuenta las decisiones de los propietarios. Estas decisiones, añadió, pueden afectar tanto a las zonas comunes como a las propiedades individuales e imponer restricciones de uso.
Pese a autorizar la obra, el tribunal detectó discrepancias entre los proyectos y observó que uno de los trazados del carril bici dentro de la zona protegida no se había sometido a un análisis ambiental específico. Por ello, ordenó informar al organismo ambiental para que evalúe las diferencias entre los proyectos y determine si es necesario revisar los requisitos ambientales.
La administración de Alto da Boa Vista afirmó que las inversiones en infraestructura, terminadas o en curso, se presentaron a los residentes en una asamblea general ordinaria. También señaló que el asunto se debatió ampliamente en los tribunales y que la primera Sala Civil del TJDFT falló por unanimidad a favor de la urbanización. Según el comunicado, la resolución reconoció el carril bici como una mejora útil de interés colectivo y descartó que existiera algún impedimento para la obra.
En materia ambiental, la administración declaró que mantiene su compromiso de cumplir la legislación y las exigencias de las autoridades competentes, así como de obtener y conservar las licencias necesarias. Añadió que comprende y respeta las preocupaciones de los residentes sobre la privacidad, pero recalcó que las mejoras deben tener en cuenta el interés colectivo. Según la nota, tal como reconoció la Justicia, los intereses particulares no pueden prevalecer por sí solos sobre los colectivos ni impedir mejoras destinadas a toda la comunidad.
