São Paulo — Reelegido el pasado domingo (25/10), el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmó, durante el discurso de la victoria en la avenida Paulista, que su próximo mandato será aquel en el que más escuchará a la población, que deberá participar más en sus decisiones. Los trabajadores que forman ese «ejército» de las calles también tienen una lista de reivindicaciones.
A lo largo de la semana se recogieron las expectativas de vendedores ambulantes, repartidores y trabajadores informales y de plataformas digitales respecto al Gobierno federal durante los próximos cuatro años. La estabilidad, el reconocimiento y unas garantías mínimas frente a las dificultades figuran entre los deseos de quienes trabajan fuera de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), el marco brasileño que regula el empleo formal. Para atender algunas de estas demandas, el Ejecutivo federal tendría que coordinarse con los ayuntamientos.
La declaración de Lula en la avenida Paulista también se interpretó como una especie de «mea culpa» ante las críticas de que su campaña no habría comprendido las transformaciones de la sociedad y del mundo laboral durante los últimos años. Una parte significativa de los brasileños habría apostado por el emprendimiento o recurrido a las aplicaciones para obtener ingresos, adoptando un discurso que no encaja con el empleo formal.
Es el caso de la vendedora ambulante Luana Gomes, de 32 años. Propietaria de un puesto de bocadillos y tapiocas en Vila Clementino, en la zona sur de São Paulo, señala enseguida lo que considera una ventaja de trabajar por cuenta propia. «La libertad, lo mejor. Cuando estás en la CLT, no tienes la misma libertad que trabajando por tu cuenta», afirma.
Luana lleva 12 años vendiendo comida en la calle y muestra en el brazo la marca de una quemadura que sufrió cuando trabajaba con contrato en una panadería. Sabe que, si enferma o falta al trabajo, no tendrá ninguna garantía de ingresos, pero continúa con su actividad.
La vendedora ambulante también reconoce que trabajar en la calle jornadas de 12 horas no es un camino sencillo para quien quiere mejorar su situación. Todavía recuerda cuando tenía que huir cargando las botellas de café que utilizaba para atender a otros trabajadores durante las mañanas paulistanas.
Ahora cuenta con el Termo de Permissão de Uso (TPU), obtenido a través del programa de regularización «Tô legal» del Ayuntamiento de São Paulo, y ya no necesita escapar de la policía, la Guardia Civil Metropolitana, los inspectores ni los equipos municipales que retiran mercancías. Aun así, le gustaría tener la estabilidad que no le ofrece la lona bajo la que trabaja.
«Me gustaría tener un espacio para montar un quiosco, como en la playa, en el paseo marítimo. ¿Te imaginas tener la oportunidad de tener un quiosco?», dice.
«UNA VISIÓN MEJOR PARA NOSOTROS»
El motorista de reparto Juan Souza, de 21 años, pertenece a una generación en la que algunos jóvenes no aceptan trabajar bajo el régimen de la CLT. «Nos hacemos nuestro propio dinero, nuestro horario, que vale más», afirma.
Eso no significa que Souza no piense en lo que podría hacer el Gobierno para mejorar su vida. «Darnos más beneficios a quienes trabajamos por cuenta propia, que estamos en la calle día a día. Más credibilidad. Dar una visión mejor de nosotros, que tenemos una profesión muy despreciada», dice, al referirse a los prejuicios que afrontan muchos compañeros.
Souza asegura que, hasta ahora, nadie le ha convencido de que el Gobierno pueda entender su realidad y responder a sus necesidades.
En reportajes anteriores, motoristas y repartidores suelen destacar los ingresos diarios en comparación con los trabajadores sujetos a la CLT. Sin embargo, no siempre se tienen en cuenta los costes derivados de los accidentes, que pueden apartarlos del trabajo o incluso causarles la muerte.
REPRESIÓN Y MIEDO
A veces, quienes salen a la calle para intentar sobrevivir no tienen ni siquiera una garantía mínima y, además, se enfrentan a la represión. Son trabajadores que desean obtener una regularización como la conseguida por la propietaria del puesto de tapiocas o que se apruebe una ley que proteja mejor sus actividades, como reclama el motorista.
Esta situación no es nueva en las calles de la ciudad ni es consecuencia de los cambios sociales recientes. Desde hace décadas supone una preocupación constante para muchos trabajadores. El reportaje recorrió el Brás, una zona de comercio popular de São Paulo, y encontró vendedores de ropa, cocos, fruta y aperitivos, además de captadores de clientes para tiendas y muchas otras personas que viven de la economía informal.
Algunos aceptaron hablar sin mostrar el rostro por miedo a llamar la atención de las autoridades, ya que trabajan sin ningún tipo de protección.
La regulación de las actividades en los espacios públicos es responsabilidad del ayuntamiento, pero un vendedor de cocadas y cocos pequeños cree que el Gobierno federal puede ayudar a este sector de la población.
«Solo queremos trabajar, porque ya no podemos soportar que nos lo quiten. Pagamos impuestos, si hace falta, lo que sea, pero queremos poder trabajar. Tenemos familia, alquiler y ese es nuestro sustento», afirma.
Según el vendedor, una intervención de los equipos municipales puede ocasionarle pérdidas de hasta unos 170 euros si se llevan únicamente los productos. Si también le incautan el carrito, las pérdidas alcanzan aproximadamente los 340 euros. «Para volver a reunir ese dinero hacen falta más de 15 días», dice.
A su juicio, su trabajo debería valorarse. «Somos personas que abastecemos todo el Brás. Todo lo que quieras, los vendedores ambulantes lo tienen aquí. No solo están los comerciantes con tienda. Quien trabaja en la calle también es un luchador», afirma.
El vendedor callejero ofrece distintos productos desde los 12 años y no se imagina trabajando bajo el régimen de la CLT. «No solo yo: muchas familias viven de esto. Vendedores ambulantes, vendedores itinerantes. Los hay en todas partes».
ADAPTACIÓN
Paulo Niccoli Ramirez, profesor de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing (ESPM) y de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo (Fesp-SP), considera esencial que el PT se adapte a las nuevas formas de trabajo.
Ramirez afirma que el partido ha empezado a prestar atención a esta realidad. «Por eso Lula creó un programa para que los conductores de Uber y los trabajadores de aplicaciones pudieran comprar sus coches con ciertas ayudas del Gobierno. Pero no solo eso. También se debate que Lula debe crear una regulación mínima para dar derechos a estos trabajadores», explica.
El politólogo también menciona las señales dirigidas por Lula a los microemprendedores individuales (MEI), como la condonación de deudas y la oferta de incentivos para este colectivo.
«Es esencial, porque buena parte de ellos había sido atraída por el bolsonarismo, que responsabilizaba al propio Gobierno con la idea de que los impuestos eran una forma de distorsión que afectaba a los trabajadores, les hacía dejar de ser libres y acababan siendo una carga», afirma.
El especialista añade que muchos de estos trabajadores reciben la influencia de asesores y empresarios que defienden discursos neoliberales, basados en la «idea de que basta el esfuerzo individual para ascender económica y financieramente».
«Estos elementos acaban formando la subjetividad de este profesional. No se puede generalizar, claro, pero es muy habitual ver que estos trabajadores reciben la influencia de este tipo de visión del mundo», afirma el politólogo. A su juicio, el reto consiste en «romper las burbujas» y mostrar los beneficios de los derechos laborales pensando en el futuro.
Ramirez cita la privatización del sistema de pensiones en Chile, iniciada en los años setenta, como ejemplo de las consecuencias de no proteger los intereses de los trabajadores. Según el profesor, muchas personas mayores no pudieron jubilarse y el país sudamericano registra una elevada tasa de suicidios en ese grupo de edad.
En opinión del politólogo, el Gobierno debe defender a la clase trabajadora en todos sus segmentos.
Sobre las nuevas formas de trabajo, Ramirez afirma que la sociología ha señalado la aparición de una nueva modalidad de explotación, en la que las empresas aumentan sus beneficios a costa de la calidad de vida de los trabajadores.
«La reducción de la jornada de seis días de trabajo por uno de descanso, conviene decirlo, afectó a los trabajadores formalizados, pero ahora también hay que actuar no solo en favor de ellos, sino ampliar ese marco a los trabajadores informales y a los pequeños emprendedores, y buscar más derechos», afirma.
