La manifestación presentada por André Mendonça al Supremo Tribunal Federal (STF) situó a Alexandre de Moraes en el centro de una petición de indagación por posibles delitos de abuso de autoridad y denuncia calumniosa. Según informaciones del portal Investi, aunque el documento aún no solicita la prisión del ministro, las conductas señaladas pueden ser investigadas por las instancias competentes, etapa necesaria antes del análisis de eventuales medidas previstas en la ley.
Mendonça remitió su escrito al presidente del STF, Edson Fachin, como respuesta a la solicitud de Moraes de que se investigara la propia actuación de Mendonça. En su réplica, el ministro reclamó el archivo de la representación y cuestionó los informes de inteligencia de la Policía Federal empleados en el caso.
“En verdad, lo que se verifica es la realización de actividad ilícita de la Policía Federal y la presencia de evidente denuncia calumniosa y abuso de autoridad en la tentativa de intimidar y obstruir la justicia”, expuso Mendonça en su documento.
Además de solicitar que se examinen las conductas atribuidas a Moraes, Mendonça pidió una indagación específica sobre el origen, la autoría y las circunstancias de elaboración de los informes de la Policía Federal. Reclamó que dichos informes sean declarados ilícitos y que no se confeccionen nuevos documentos con el mismo objeto o sesgo.
Entre las demás peticiones figura el acceso a la totalidad del Inquérito 4.781, conocido popularmente como el “inquérito de las fake news”, con el fin de verificar si existen otros elementos relacionados con Alexandre de Moraes. Este expediente fue abierto en 2019 y se centra en la supuesta difusión de noticias falsas contra integrantes del tribunal y sus familias.
El enfrentamiento entre ambos ministros se enmarca en el contexto de las operaciones Sem Desconto y Compliance Zero, puestas en marcha por la Policía Federal y coordinadas por el propio Moraes en su calidad de relator de diversos procesos de relevancia. Estas operaciones investigan supuestos esquemas de financiamiento ilícito relacionados con el caso Banco Master, cuya instrucción ha generado debate en el pleno del STF.
Por su parte, Alexandre de Moraes ya había presentado informes a la Presidencia del Supremo y solicitado que se investigara a Mendonça por posibles irregularidades en su gestión. El ministro Mendonça, que antes de ocupar su asiento en el STF ejerció como abogado-geral da União y ministro de Justicia y Seguridad Pública, defiende que las acusaciones en su contra carecen de sustento probatorio.
El trámite de una representación contra un ministro del STF exige varios pasos formales: admisión a trámite, evaluación por el presidente de la Corte, posible remisión a la Procuradoria Geral da República y, finalmente, decisión del pleno. Solo tras esta fase se podrían adoptar medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, en caso de encontrarse indicios robustos de comisión de delito no aforado.
El ministro Edson Fachin, en su rol de presidente de la Corte, deberá ahora decidir si admite la petición de Mendonça a trámite y si delega su instrucción a la Procuraduría General de la República o a otra instância competente. De formularse cargos, corresponderá al Supremo pronunciarse sobre la eventual vulneración de prerrogativas funcionales y garantías procesales de Alexandre de Moraes.
Este episodio ha despertado gran atención en el ámbito jurídico y político, no solo por la inusual confrontación entre dos integrantes de la máxima corte, sino también por las implicaciones que podría tener en la independencia del Poder Judicial y la estabilidad institucional. Aún resta por ver cómo evolucionará el caso en las próximas semanas, en un tribunal que, además de afrontar esta controversia interna, se prepara para decidir sobre otros asuntos de gran repercusión nacional.
