El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó el jueves 10 de septiembre en el segundo día de la convención del Partido Republicano y, en un momento álgido de su intervención, instó a sus seguidores a “hacer trampas” en las próximas elecciones de medio mandato. Con esta petición, Trump empleó el término en inglés “cheat” traducido al castellano como “hacer trampas”, alentando a la deslealtad con el sistema de registro de votantes establecido en el país.
Durante su discurso en la convención, Trump se autoproclamó “el mayor presidente de la historia de Estados Unidos” y advirtió que aquellos ciudadanos que decidieran no acudir a las urnas en noviembre “irían al lugar malo”. Estas palabras generaron una ola de críticas por la amenaza implícita a quienes opten por la abstención. Asimismo, subrayó que quienes le adversen o no se registren para votar igualmente deben emplear cualquier artimaña —“trampa”, en sus propias palabras— para influir en el resultado electoral.
En un momento concreto de su intervención, el mandatario solicitó a los asistentes que levantaran la mano derecha y repitieran un juramento de lealtad en homenaje al “mayor presidente en la historia de Estados Unidos”. A continuación, pidió expresamente que ese compromiso incluyera salir a votar “o, si es necesario, a hacer trampas” junto con familiares y amigos. Esta llamada a la desobediencia de las normas electorales se considera sin precedentes por la claridad con que Trump alentó a la comisión de irregularidades.
En el primer día de la convención republicana, Trump había causado también controversia al prometer el pago de 5.000 USD —aproximadamente 4.600 €— a cada ciudadano estadounidense en caso de que los republicanos lograran la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Este anuncio reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos con fines electorales, ya que la financiación directa de votantes para influir en su apoyo puede estar sujeta a restricciones legales según la legislación federal y las normas de cada estado.
Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos están programadas para el 3 de noviembre de 2026 y servirán para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de las plazas del Senado. En estos comicios, tradicionalmente la participación de los votantes es menor que en las elecciones presidenciales, y la batalla por la mayoría legislativa es clave para definir la agenda política y legislativa del país durante los dos años siguientes. Actualmente, el Partido Republicano, liderado por Trump, mantiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
El sistema electoral estadounidense se sustenta en un registro de votantes que, según las leyes federales y estatales, exige el cumplimiento de plazos y requisitos de documentación. El fraude electoral está tipificado como delito, con sanciones que varían desde multas económicas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la falta y la jurisdicción en que se produzca. Organismos de supervisión y autoridades electorales advierten constantemente sobre la importancia de garantizar la integridad del proceso y promueven medidas de seguridad como el voto anticipado y la auditoría de resultados.
Históricamente, Estados Unidos ha vivido episodios de desconfianza tras acusaciones de irregularidades por parte de candidaturas o responsables políticos. Especialistas en derecho electoral indican que el cuestionamiento sin pruebas de la validez de los comicios puede minar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La postura de Trump, al alentar directamente a “hacer trampas”, se enmarca en un contexto de polarización creciente donde la veracidad y transparencia del voto resultan esenciales para la estabilidad política.
Ante estas declaraciones, varios analistas señalan que, si bien la retórica puede resultar llamativa para la base del partido, el impulso a quebrantar las normas electorales podría derivar en investigaciones judiciales y reforzar la demanda de mayor vigilancia ciudadana sobre los comicios. Hasta el momento, la campaña de Trump no ha precisado cómo se articularía la supuesta ayuda económica ni los mecanismos para reclamarla, lo que añade incertidumbre sobre la viabilidad y legalidad de la propuesta.
