
De los atentados del 11-S a la ICE: el endurecimiento migratorio (Foto: Instagram)
Los atentados del 11 de septiembre de 2001, que mataron casi 3.000 personas, marcaron un antes y un después en la visión de la inmigración en Estados Unidos. Esa tragedia impulsó el desplazamiento de la gestión migratoria al núcleo de la seguridad nacional, un giro organizativo y político que luego sería aprovechado y ampliado por Trump. A partir de entonces, las prioridades del gobierno cambiaron para incluir controles fronterizos más estrictos, chequeos de antecedentes y un refuerzo de la cooperación entre agencias de seguridad e inmigración.
En los meses posteriores a los ataques, el Congreso aprobó la creación del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), una nueva superestructura que absorbió funciones dispersas entre varios organismos. Entre éstos figuraban el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), la Oficina de Aduanas (Customs Service) y la Agencia de Control de Drogas (DEA), entre otros. El objetivo principal era coordinar mejor la protección del territorio frente a amenazas terroristas, dotando de mayor autoridad y recursos a las unidades encargadas de vigilar la entrada y permanencia de extranjeros.
La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) se convirtieron en los pilares de esta nueva arquitectura. ICE pasó a ocuparse de la detención y deportación de personas que violaban las leyes migratorias, mientras que CBP reforzó la vigilancia en puertos de entrada, aeropuertos y fronteras terrestres. Ambas agencias vieron duplicado, e incluso triplicado en algunos casos, su plantilla y presupuesto durante los primeros años de la década de 2000.
Ese fortalecimiento inicial sentó las bases para políticas aún más estrictas en materia de inmigración que llegarían a su punto álgido durante la presidencia de Trump. Bajo su administración, se introdujeron nuevas normas para reducir el flujo de solicitantes de asilo, se robustecieron los centros de detención de migrantes y se incrementó el número de jueces especializados en casos migratorios. Además, se reforzó la cooperación con países de tránsito y origen para interceptar a posibles migrantes antes de llegar a la frontera estadounidense.
La evolución de este sistema demuestra cómo un suceso de esas dimensiones puede redefinir estructuras gubernamentales y prioridades nacionales de manera duradera. Lo que empezó como una respuesta urgente a un ataque masivo se transformó en una política institucionalizada que continúa determinando el destino de miles de personas cada año. La ampliación emprendida por Trump fue solo otro capítulo en la evolución de un modelo de seguridad nacional en el que la inmigración dejó de verse como un asunto meramente administrativo para convertirse en un elemento central de la estrategia antiterrorista.


