El exbanquero Daniel Vorcaro relató al despacho del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), que habría sufrido amenazas y episodios de terror psicológico desde su detención por la Policía Federal, en marzo. Según informaciones divulgadas por la columna Radar de la revista Veja, también afirmó que el director general de la PF, Andrei Rodrigues, habría actuado para dificultar una posible delación.
Durante su declaración, Vorcaro detalló un episodio ocurrido durante su traslado en avión hacia Brasilia. Según la versión presentada, agentes de la Policía Federal lo ubicaron en un compartimento y le lanzaron una advertencia directa: “Podemos arrojarte desde aquí arriba. Nadie dudará si decimos que te lanzaste tú mismo”.
Asimismo, el exbanquero aseguró que posee datos y documentos que podrían enriquecer una eventual colaboración premiada, pero que no hallaba interlocutores dispuestos a recibir esa información dentro de la institución. “Tengo mucho que aportar relatando los hechos y la verdad, pero nadie quiere escucharme. Una locura”, declaró Vorcaro en un testimonio registrado.
Las acusaciones fueron atribuidas a Vorcaro en el informe presentado al gabinete de André Mendonça. Investigadores de la Policía Federal consultados por la columna Radar rechazaron las afirmaciones del exbanquero, señalando que, de existir algún obstáculo interno, Vorcaro habría podido recurrir a otras instancias.
Según los investigadores citados, de haber considerado que había impedimentos para presentar una propuesta de delación, Vorcaro podría haberse dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR) para formalizar su solicitud de colaboración.
La Policía Federal de Brasil (PF) es el principal organismo responsable de la investigación de delitos federales, como el tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero, la corrupción y otros crímenes de gran complejidad y alcance nacional. Fundada en 1944, la PF tiene la misión de preservar el Estado de derecho, proteger la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de las leyes federales. Su director general, en este caso Andrei Rodrigues, ostenta la máxima responsabilidad administrativa y operativa dentro de la institución.
El Supremo Tribunal Federal (STF) es la más alta instancia del Poder Judicial en Brasil y actúa como guardián de la Constitución brasileña. Entre sus atribuciones se encuentran revisar sentencias de instancias inferiores, resolver conflictos entre poderes y juzgar a autoridades con prerrogativa de foro privilegiado. El ministro André Mendonça, citado en la denuncia de Vorcaro, ocupa una de las vacantes del tribunal y, además de sus funciones generales, ejerce como relator de casos de gran relevancia, incluido el denominado caso Master.
La delación premiada, o colaboración premiada, es un mecanismo jurídico previsto en la legislación brasileña que permite a un investigado cooperar con las autoridades aportando información y documentos relevantes a cambio de beneficios procesales, como reducciones de pena o medidas alternativas, entre ellas la prisión domiciliaria. Esta figura ganó notoriedad en operaciones de gran envergadura, como la conocida Operación Lava Jato, y se ha convertido en un instrumento clave para desmontar redes de corrupción y criminalidad organizada.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) es el organismo encargado de la acción penal pública federal y de supervisar las actividades de la Policía Federal en asuntos que involucren a autoridades con prerrogativa de foro especial. En caso de que un detenido considere que existe un obstáculo interno para presentar una propuesta de colaboración, la PGR actúa como instancia supervisora y puede intermediar o asumir formalmente la dirección de la investigación.
El llamado caso Master se originó a partir de pesquisas sobre supuestas irregularidades financieras vinculadas al Banco Master, entidad que estaba bajo la dirección de Daniel Vorcaro. Una de las estrategias planteadas por sus defensores consistía en recurrir al ministro André Mendonça, como relator designado, para solicitar delegados idóneos que pudieran recibir la versión de Vorcaro, asegurando así que cualquier acuerdo de colaboración premiada se formalizara en condiciones técnicas y jurídicas apropiadas.
