Integrantes del ELN durante un patrullaje en zona rural de Arauca (Foto: Instagram)
La declaración llega tras el regreso de Colombia a atentados y enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y guerrillas. En las últimas semanas, se ha registrado un repunte de ataques que habían disminuido tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, lo que ha generado alarma en distintos ámbitos nacionales e internacionales.
Desde mediados del siglo XX, Colombia ha vivido un conflicto armado interno protagonizado por grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, enfrentados al Gobierno de Colombia y a las fuerzas de seguridad. El pacto de 2016 logró la desmovilización de miles de combatientes, pero la presencia de grupos disidentes y células remanentes continuó desestabilizando algunas regiones.
En los últimos meses, se han documentado atentados con explosivos en carreteras y emboscadas contra tropas regulares, así como combates en zonas rurales de los departamentos de Arauca y Norte de Santander. Estos incidentes han afectado la movilidad, han provocado desplazamientos de comunidades y han aumentado la presión sobre las autoridades locales y el Ejército.
El resurgimiento de la violencia ha motivado críticas al Gobierno de Colombia por la aparente falta de control en algunas áreas remotas, donde la presencia del Estado es limitada. Organismos internacionales y la sociedad civil han instado a reforzar los diálogos de paz pendientes, especialmente con el ELN, y a implementar mecanismos de protección para los líderes sociales más vulnerables.
Ante este contexto, la declaración pretende subrayar la urgencia de retomar las negociaciones de paz y de mejorar la coordinación entre Fuerzas Militares, Fuerza Pública y cuerpos de inteligencia. Asimismo, reclama mayor inversión en desarrollo rural y proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, con el fin de atacar de raíz las causas que generan la recurrencia de la violencia.
