David Morens, exasesor de Anthony Fauci en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), se declaró culpable el pasado martes 18 de agosto de conspirar para evitar solicitudes de acceso a documentos públicos relacionados con financiamientos de investigaciones y con la pandemia de Covid-19. El acuerdo de culpabilidad se formalizó durante una audiencia en un tribunal federal de Greenbelt, en el estado de Maryland, Estados Unidos.
Morens, de 78 años, había sido imputado en abril por presuntamente participar en un plan para impedir el acceso a expedientes que investigadores y periodistas solicitaron a la agencia desde abril de 2020. Según la acusación, los documentos estaban vinculados a subvenciones y estudios sobre coronavirus, incluidos proyectos que investigaban la posibilidad de transmisión de murciélagos a humanos y la línea de investigación del supuesto escape de laboratorio.
El fiscal especial del caso advierte que Morens pudo haber utilizado su correo electrónico personal en lugar de la cuenta oficial del gobierno con el fin de eludir las normas de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (Freedom of Information Act, FOIA). Esta ley, aprobada en 1966, otorga a cualquier ciudadano el derecho de solicitar registros y comunicaciones de las agencias federales, salvo ciertas excepciones de seguridad nacional o información clasificada. Al recurrir a un buzón privado, Morens y otros implicados buscaron reducir el riesgo de que sus intercambios fueran divulgados mediante solicitudes FOIA.
El pacto de culpabilidad establece que Morens asumirá toda responsabilidad por haber conspirado para ocultar correos que debían formar parte del registro público. De acuerdo con el Código de los Estados Unidos (Título 18, sección 371), el delito de conspiración contra los derechos civiles y administrativos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. La sentencia definitiva está programada para el 12 de noviembre de este año, fecha en la que también se evaluará la posible multa económica y el periodo de libertad supervisada.
En una declaración tras la audiencia, el abogado defensor Timothy Belevetz señaló: “Al declararse culpable hoy, el doctor Morens ha aceptado la responsabilidad por sus acciones y seguirá cooperando con las autoridades en lo sucesivo”. El jurista destacó la trayectoria profesional de Morens como epidemiólogo y su compromiso con la investigación científica, aunque reconoció la gravedad de la maniobra para evadir la FOIA.
El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH), agencia que financia proyectos en áreas como el VIH, la gripe estacional y emergente, el ébola y otros patógenos. En 2014 y años posteriores, parte de la financiación destinada a estudios sobre coronavirus de murciélagos pasó por intermediarios como la organización EcoHealth Alliance antes de ser enviada a laboratorios asociados en Wuhan, China. Tras las disputas sobre el supuesto origen de la Covid-19, el NIH canceló algunos de esos fondos en 2020.
El juicio de Morens se enmarca en un contexto más amplio: diversos organismos de inteligencia de EE.UU. han emitido evaluaciones encontradas sobre el origen de la pandemia. En 2023, el FBI consideró probable la hipótesis de un escape de laboratorio; en 2025, la CIA lo calificó como “probable, pero con baja confianza”. Sin embargo, al menos cuatro agencias de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos han valorado como más plausible una transmisión natural, por contacto entre animales y humanos.
El caso saltó a la esfera política días después de que Anthony Fauci compareciera ante un comité del Senado, donde invocó el derecho a no autoincriminarse y acusó al senador Rand Paul de impulsar “una campaña desmesurada” contra su persona. Fauci dirigió el NIAID durante casi cuatro décadas y se convirtió en una figura central de la respuesta estadounidense a la pandemia bajo la presidencia de Donald Trump.
En última instancia, la confesión de Morens subraya los tensos debates sobre la transparencia en la gestión de la información científica y las responsabilidades de los altos funcionarios en la protección del interés público. La sentencia de noviembre será un punto clave para medir hasta qué punto las autoridades estadounidenses aplican la FOIA y otras normativas de acceso a documentos en casos relacionados con la salud global.
