Mensajes obtenidos por la Policía Federal (PF) apuntan a que el banquero Daniel Vorcaro solicitó al empresario Thiago Miranda un informe sobre el presidente de Itaú Unibanco, Milton Maluhy. Las conversaciones fueron citadas en la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, quien autorizó la décima fase de la Operación Compliance Zero, deflagrada el jueves 9 de julio.
Según el expediente judicial, Vorcaro escribió a Thiago Miranda: “Estoy necesitando hacer un informe de Milton Maluhy”, agregando a continuación: “Me está causando muchos problemas” y “¿Me ayudas con esto?”. Poco después, Thiago Miranda respondió: “Deja conmigo”.
En otra conversación mencionada por la Policía Federal, el empresario indicó que ya había reunido datos sobre el ejecutivo del banco, pero expresó su intención de divulgar la información a través de un canal distinto. “Después del carnaval hablamos. Tengo todo listo sobre Milton. Pero quiero publicarlo por otro medio”, reza el mensaje.
La Operación Compliance Zero forma parte de una serie de investigaciones de la PF orientadas a descubrir irregularidades en prácticas corporativas y posibles delitos de colusión financiera, explorando desde la obtención de datos personales hasta maniobras para influir en la reputación de ejecutivos. Esta fase específica se centró en Jakarta Consultoria —nombre ficticio que aparece en autos— vinculada a Thiago Miranda.
De acuerdo con la decisión del ministro André Mendonça, entre los datos solicitados figuraban informaciones de identificación civil, número de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) y otros datos de carácter personal. El CPF es el número de registro tributario individual en Brasil, equiparable al NIF en España, que permite identificar fiscalmente a los ciudadanos y residentes. Entre los documentos incautados durante el curso de las pesquisas figuró un archivo con información personal y patrimonial de Milton Maluhy y de su esposa, con datos sensibles como fecha de nacimiento, dirección de residencia y antecedentes profesionales.
Mendonça señaló en su despacho que el material presentaba la identidad visual de una empresa vinculada a Thiago Miranda, hecho que, según la resolución, “sugiere que el documento haya sido producido, editado o, al menos, circulado en el ámbito de dicha estructura empresarial”. El juez consideró que esa vinculación reforzaba la hipótesis de que la recolección y la posible divulgación de esos datos formaban parte de un plan para presionar o desprestigiar al alto ejecutivo de Itaú Unibanco.
La Policía Federal afirma, asimismo, que el archivo encontrado contenía un aviso en el que se advertía que se trataba de “informaciones confidenciales”. Ese sello de confidencialidad, frecuente en expedientes internos de empresas, suele utilizarse para restringir el acceso a materiales estratégicos, disputas corporativas o informes de auditoría. No obstante, cuando se emplea en documentos destinados a terceros sin autorización judicial o sin la debida fundamentación legal, puede constituir un agravante en investigaciones penales.
Daniel Vorcaro, conocido por haber sido propietario del Banco Master, ha sido mencionado en diferentes fases de la Operación Compliance Zero por supuestas maniobras de encubrimiento y financiamiento irregular. Por su parte, Itaú Unibanco, uno de los mayores conglomerados bancarios de América Latina, cuenta con una estructura de gestión corporativa y un área de cumplimiento normativo (compliance) que supervisa la conducta de sus directivos y el manejo de información sensible. Milton Maluhy ocupa la presidencia ejecutiva de la entidad desde hace varios años y es responsable de la estrategia global del banco, incluyendo su expansión internacional.
El ministro André Mendonça, integrante del STF desde 2020, tiene la atribución de autorizar diligencias de gran envergadura cuando existen indicios de conductas delictivas que involucren a personas con foro privilegiado o cuando se requieren órdenes de búsqueda y captura en escenarios complejos. Su decisión de respaldar la décima fase de la operación refuerza la línea de acción de la Policía Federal en casos de presunta manipulación de datos personales con fines de presión.
