La 2ª Vara do Trabalho de Barueri (SP) determinó que una empresa indemnice a una vendedora tras el assédio moral cometido por su superior jerárquico. La sentencia, dictada por la jueza Elisa Augusta de Sousa Tavares, fija el pago de una indemnización equivalente a cinco veces el último salario de la trabajadora. El motivo: insultos y humillaciones relacionados con su peso y la orientación sexual que se le atribuía.
En los autos del proceso, la vendedora relató haber sido objeto de exigencias desproporcionadas y de amenazas constantes de despido. Asimismo, advirtió que su nombre aparecía repetidamente en rankings de productividad con comentarios peyorativos, lo que la exponía de forma pública ante compañeros y clientes. Una testigo aportada por la demandante confirmó haber presenciado múltiples ofensas dirigidas por el jefe.
Según el testimonio, en una ocasión el supervisor compartió entre el personal la imagen de una persona obesa derribando una ciudad y la acompañó de referencias ofensivas. A la empleada la llamó “sapatão” y “chupa bife”, expresiones homófobas que, según la magistrada, constituyen un claro ejemplo de uso de la orientación sexual para degradar y estigmatizar a la víctima. La testigo también declaró que el agresor realizaba “bromas pesadas” con todos los trabajadores y que “todos se reían mucho de la reclamante”.
En la sentencia, la jueza Elisa Augusta de Sousa Tavares señaló que las pruebas orales demostraron un ambiente de aviltamiento y de prácticas continuadas de exposición vexatoria. No se trató, afirmó, de un incidente aislado ni de una mera discrepancia laboral, sino de un patrón sistemático de humillación. La magistrada destacó que la representación del cuerpo gordo como algo “desproporcionado, desaliñado, destructivo o risible” se encuadra en la definición de gordofobia, al convertir una característica física en instrumento de humillación.
La jueza Tavares recordó que la violencia discriminatoria no exige un vínculo directo con los hechos principales del proceso: basta que estereotipos asociados a la orientación sexual o al peso se utilicen para restringir o menoscabar la dignidad de un trabajador. En este sentido, indicó que la conducta del supervisor quebrantó el principio constitucional de dignidad humana y el artículo 483 de la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) brasileña, que tipifica el assédio moral y permite a la víctima rescindir el contrato con justa causa para el empleador.
En su motivación, la magistrada también aludió a convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —como el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo— y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben toda forma de discriminación en el ámbito laboral. La decisión hace énfasis en que la generalización de prácticas abusivas no las normaliza, sino que revela un modelo de gestión incompatible con un entorno de trabajo saludable, respetuoso y libre de prejuicios.
Antecedentes legales similares muestran que los tribunales brasileños han reforzado en los últimos años la protección contra el gordofobia y la homofobia en el empleo. Casos precedentes confirman que la reiteración de comentarios despectivos o el uso de imágenes estigmatizantes pueden generar obligaciones indemnizatorias a cargo del empleador.
La parte demandada puede interponer recurso contra la sentencia en el Tribunal Regional do Trabalho de la 2ª Região dentro del plazo legal. Mientras tanto, el fallo sienta un precedente en la comarca de Barueri y refuerza la creciente jurisprudencia que combate el acoso moral y la discriminación por razones de peso u orientación sexual en el lugar de trabajo.
