La investigación sobre un matrimonio sospechoso de sustraer un billete ganador de la lotería Mega-Sena, valorado en R$ 29 millones (unos 5,2 millones de euros), se inició en agosto de 2023 en una casa de apuestas de Sinop, a aproximadamente 480 km de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso (Brasil). Según los documentos judiciales, el caso saltó a la atención de la policía cuando una empleada de la lotería renunció a su puesto y afirmó que su cónyuge era uno de los beneficiarios del premio.
La Mega-Sena es la principal lotería del país y está gestionada por la Caixa Económica Federal, entidad bancaria pública encargada de organizar sorteos dos veces por semana, los miércoles y los sábados. Desde su creación en 1996, este sorteo ha acumulado notoriedad por repartir montos millonarios y ofrecer una posibilidad de ganar basada en la combinación de seis números entre 1 y 60. La probabilidad de acertar la “quina” —cinco cifras— o la “quadra” —cuatro cifras— también otorga premios menores.
El origen de la investigación se remonta al día en que la trabajadora de la casa lotérica atendió a una clienta cuyo billete impreso presentaba un fallo en el código de barras. Para resolverlo, emitió un nuevo billete con los mismos números y se lo entregó. Sin embargo, en lugar de destruir el boleto defectuoso, lo guardó en el cofre del establecimiento. Al conocer el resultado del sorteo, que incluía su combinación, retiró el cupón original del depósito interno.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron el momento en que la empleada, junto con una compañera, reaccionaba con júbilo al descubrir que disponían de un billete premiado. En uno de los vídeos, se la oye comentar que acudiría a la sede de la Caixa Económica para cobrar el premio y que necesitaría que su compañera cubriera su turno laboral.
Al día siguiente, la mujer y su esposo presentaron simultáneamente su dimisión. Él, llevando el billete como respaldo, compareció ante la entidad bancaria alegando ser el legítimo ganador. Los propietarios de la lotería, sin embargo, se mostraron desconfiados por la coincidencia temporal entre la renuncia y la solicitud de cobro.
El premio total ascendía a R$ 116.232.513,11 (unos 20,9 millones de euros) y se repartió entre cuatro apuestas vencedoras: dos en Sinop, una en Fortaleza (Ceará) y otra en Uberaba (Minas Gerais). Cada uno de los ganadores, incluido el esposo de la exempleada, recibió R$ 29.058.128,28 (aprox. 5,23 millones de euros).
Ante las sospechas de fraude y apropiación indebida, la investigación penal fue elevada a los tribunales. La defensa de la acusada argumentó que, al intervenir la Caixa Económica Federal como pagadora del premio, correspondía la competencia a la Justicia Federal y no a la jurisdicción estatal. Asimismo, solicitaron la suspensión del proceso penal hasta la resolución de una eventual demanda civil sobre la titularidad del billete.
No obstante, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó ese planteamiento el pasado 29 de junio. El ministro relator, Ribeiro Dantas, señaló que la víctima del delito original de hurto no es la entidad bancaria federal, sino la propia casa lotérica, una empresa privada que sufrió la sustracción del billete. El STJ concluyó que el cobro del premio es una consecuencia del hurto, pero no altera la naturaleza del delito ni desplaza la competencia al ámbito de la Justicia Federal.
Este fallo reafirma que delitos de hurto cometidos en establecimientos privados deben ser juzgados por tribunales estatales, incluso si la obtención del beneficio económico pasa por un pago posterior de una institución pública. De esta forma, el proceso contra la pareja sigue su curso en la justicia de Mato Grosso bajo la acusación de hurto calificado y apropiación indebida.
